27/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei recibió a Peter Thiel en la Casa Rosada. Imagen: Presidencia.
El gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que promete desatar una guerra política, económica y judicial de dimensiones históricas. Mientras miles de pequeñas y medianas empresas agonizan entre tarifazos, apertura importadora y caída del consumo, la Casa Rosada decidió abrirle las puertas de par en par a las megacorporaciones tecnológicas extranjeras con un traje legal hecho a medida.
El nuevo proyecto enviado al Congreso, bautizado como “Súper RIGI”, no es solamente un régimen de promoción de inversiones. Para sus críticos, es directamente una cesión de soberanía económica, jurídica y fiscal diseñada para seducir a los multimillonarios de Silicon Valley que fascinan a Milei.
El plan otorga beneficios extraordinarios a gigantes vinculados a la inteligencia artificial, los datacenters, la producción de semiconductores, baterías de litio, vehículos eléctricos y biotecnología avanzada. Y lo hace con privilegios que ninguna pyme argentina soñó jamás tener.
Menos impuestos, exenciones aduaneras totales, libre manejo de divisas, estabilidad garantizada por 30 años, blindaje contra futuras leyes argentinas y hasta acceso a tribunales internacionales para demandar al país si un próximo gobierno intenta cambiar las reglas.
Todo mientras la industria nacional se hunde en una recesión feroz.
La postal que resume el espíritu del proyecto ocurrió hace semanas en la Casa Rosada: Milei recibiendo al magnate tecnológico Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, uno de los ídolos del ecosistema libertario global y símbolo del capitalismo extremo de Silicon Valley. Detrás de escena también sobrevuelan los contactos del Presidente con Elon Musk, otro de los empresarios que Milei idolatra públicamente.
Para muchos economistas y especialistas, el Súper RIGI es poco menos que una colonización corporativa con firma presidencial.
“Es la ley de los datacenters. Un proyecto para darle a las grandes tecnológicas lo que acá no tiene nadie. Energía subsidiada, privilegios fiscales y trabajo barato”, disparó el abogado Pablo Cerdan. Y remató con una frase demoledora: “Van a pagar menos impuestos que una pyme del conurbano”.
La estructura del proyecto parece escrita directamente desde las oficinas de California. Las compañías que entren al régimen podrán importar absolutamente todo lo necesario para funcionar sin obligación de contratar proveedores argentinos. Servidores, sistemas de refrigeración, infraestructura tecnológica y equipamiento ingresarán al país prácticamente gratis.
Es decir: el gobierno les permite traer la cadena productiva completa desde el exterior mientras las fábricas argentinas cierran y despiden trabajadores.
El contraste es brutal. Mientras a las pymes locales les suben tarifas, impuestos y costos financieros, las multinacionales tecnológicas tendrán un impuesto a las ganancias reducido al 15%, rebajas en dividendos y exenciones aduaneras totales.
Y hay más: el proyecto elimina la obligación mínima de contratación de proveedores nacionales que sí tenía el RIGI original. La consecuencia es obvia: menos empleo argentino, menos producción local y más dependencia externa.
Pero el punto más explosivo del proyecto aparece en el corazón jurídico del esquema.
El Estado argentino se compromete a garantizar durante 30 años la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria. Una cláusula que ata de manos a futuros gobiernos democráticos y transforma cualquier intento de modificar el régimen en una potencial lluvia de juicios multimillonarios en tribunales internacionales como el CIADI.
En otras palabras: si un próximo gobierno intenta tocar los privilegios otorgados a estas corporaciones, Argentina podría terminar demandada por empresas que facturan más que varios países juntos.
El diputado Esteban Paulón denunció que el proyecto es “lobby directo de Peter Thiel” y acusó al oficialismo de gobernar para grupos empresarios extranjeros mientras destruye la economía nacional.
La lógica libertaria queda expuesta de manera obscena: ajuste salvaje para jubilados, trabajadores y comercios; privilegios de excepción para los amigos multimillonarios del Presidente.
Y el impacto no termina ahí. Las provincias también quedan bajo presión. Para adherir al régimen, deberán resignar autonomía fiscal, bajar impuestos y renunciar incluso a herramientas judiciales propias. El proyecto limita Ingresos Brutos, elimina impuestos de sellos y prohíbe nuevos gravámenes locales.
Es decir: menos recursos para las economías regionales y más poder para corporaciones extranjeras.
La paradoja política es feroz. Milei prometía destruir “la casta”, pero termina construyendo uno de los regímenes más favorables de la historia argentina para los gigantes globales de la tecnología y las finanzas.
Todo esto ocurre, además, mientras el primer RIGI no logró generar la lluvia de inversiones prometida. El gobierno apuesta ahora a un paquete todavía más agresivo, convencido de que regalar ventajas extraordinarias puede convertir a la Argentina en un paraíso para las tecnológicas globales.
El problema es la letra chica: los beneficios son gigantescos, pero las obligaciones para esas empresas son mínimas. Consumen enormes cantidades de energía, generan relativamente poco empleo y tributan menos que sectores productivos nacionales que sostienen millones de puestos de trabajo.
El resultado podría ser una Argentina convertida en plataforma extractiva digital: recursos baratos, impuestos mínimos y soberanía condicionada por contratos blindados durante décadas.
