17/11/2025.- Salta al Instante.- Por Cabecita Negra.- Foto portada: Pacto de Mayo.
En la Argentina política, donde la memoria suele ser selectiva y el desgaste social se siente en cada changa, cada oficina pública y cada ruta provincial, los gobernadores caminan hoy sobre una cornisa que no construyeron, pero que el gobierno nacional profundiza día a día. Javier Milei les exige apoyo, les reclama “coherencia” y les promete un futuro próspero si acompañan sus leyes. Pero detrás de esa puesta en escena libertaria hay un dato que ningún mandatario debería ignorar: el presidente no cumple sus pactos. Y el ejemplo más contundente es el famoso Pacto de Mayo.
Firmado entre fotos, sonrisas forzadas y discursos sobre un nuevo contrato moral para el país, ese pacto quedó en el limbo y en el olvido de las cosas que Milei usa y desecha según su conveniencia. Los compromisos asumidos —coparticipación, inversión, obras, diálogo institucional— quedaron reducidos a papel mojado apenas pasaron las cámaras. Ni el presidente respetó los puntos acordados ni garantizó el mínimo gesto federal para sostener a las provincias en un contexto de derrumbe económico.
¿Cómo confiar en un gobierno que exige apoyo para sus leyes, pero que al mismo tiempo desconoce lo que él mismo firma? ¿Cómo validar la palabra de quien rompe sus acuerdos antes de que se enfríe la tinta? Milei ha demostrado que su vínculo con las provincias no pasa por el federalismo ni por la construcción colectiva, sino por la presión: castigo presupuestario, recortes arbitrarios, insultos públicos y una narrativa que divide entre “iluminados libertarios” y “parásitos del gasto”. En ese esquema, los gobernadores no son socios institucionales; son rehenes coyunturales.
La oferta del presidente es transparente en su brutalidad: apoyen mis leyes —leyes anti derechos, leyes regresivas, leyes que retrotraen décadas de avances— o enfrenten la represalia económica. Y aun cuando apoyen, nada garantiza que el gobierno vaya a cumplir. El Pacto de Mayo lo dejó claro: ni los compromisos firmados se salvan del giro caprichoso del Ejecutivo.
Los gobernadores que hoy evalúan acompañar “por responsabilidad” deberían recordar que fueron elegidos para defender a sus provincias, no para convalidar experimentos doctrinarios hechos desde un escritorio porteño. Las leyes que el oficialismo empuja no fortalecen el empleo local, no reactivan la producción, no devuelven derechos, no garantizan inversiones reales. Por el contrario, debilitan el tejido social que sostiene a cada provincia.
Milei no quiere acuerdos.
Quiere obediencia.
No quiere federalismo.
Quiere subordinación.
No quiere aliados.
Quiere cómplices del ajuste.
Y los gobernadores no pueden darse ese lujo. Ya saben lo que pasa cuando confían: se encuentran firmando pactos que luego el propio gobierno dinamita, mientras las provincias quedan a la intemperie.
Hoy la responsabilidad histórica es otra: plantarse. Recordar que el mandato que llevan no proviene de la Casa Rosada, sino de sus pueblos. Y que cada voto en el Congreso tiene consecuencias reales en la vida de millones: trabajadores, jubilados, docentes, estudiantes, economías regionales enteras.
El federalismo argentino está otra vez en riesgo. Ya vimos cómo termina cuando se entrega el país a un proyecto que desprecia la pluralidad y se impone a fuerza de recortes y amenazas. Esta vez, los gobernadores tienen la oportunidad —y el deber— de escribir un capítulo distinto.
El Pacto de Mayo ya está roto. Lo que no puede romperse es el compromiso con la gente.
