11/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei y su equipo de inocentes fiscales, haciendo la ley como un traje a medida para tapar sus ilícitos. Imagen: Web.
Mientras el Gobierno predica transparencia y austeridad, una creciente lista de funcionarios y exfuncionarios libertarios se refugia en el régimen de «Inocencia Fiscal», una herramienta impulsada por el propio oficialismo que les permite evitar controles sobre el crecimiento de sus patrimonios. La polémica ya alcanza a voceros, ministros, legisladores y hasta autoridades del organismo encargado de combatir la evasión.
El relato libertario de la transparencia absoluta enfrenta una nueva crisis de credibilidad. Más de una veintena de funcionarios y exfuncionarios de Javier Milei decidieron acogerse al régimen de «Inocencia Fiscal», una ley promovida por el propio Gobierno que, según sus críticos, funciona como una verdadera autoamnistía patrimonial.
La controversia explotó tras conocerse que el vocero presidencial Manuel Adorni y su esposa se sumaron al régimen justo cuando crecían los cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio. Lo que parecía un caso aislado terminó revelando una práctica extendida dentro del universo libertario.
La normativa establece que quienes adhieran tributarán sobre los ingresos declarados, mientras el Estado deja de observar la evolución patrimonial y el nivel de consumo. El propio Milei defendió públicamente el esquema y llegó a explicar que quienes ingresen al sistema no serán objeto de controles sobre el aumento de sus bienes.
La frase presidencial fue demoledora para sus detractores: «nadie los va a controlar».
El listado de adherentes incluye nombres de peso dentro del oficialismo como Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, Guillermo Francos, José Luis Espert, el titular de ARCA Andrés Vázquez y el ex titular del organismo Juan Pazo, entre otros dirigentes, asesores, funcionarios nacionales y referentes políticos cercanos a la Casa Rosada.
La situación resulta especialmente polémica en el caso de las máximas autoridades de ARCA, el organismo encargado precisamente de fiscalizar a los contribuyentes. Para la oposición, la imagen es devastadora: quienes deberían controlar la evasión ahora utilizan un mecanismo que reduce el alcance de esos controles sobre sus propios patrimonios.
Las críticas también apuntan a la contradicción discursiva. Años atrás, varios referentes libertarios cuestionaban duramente los blanqueos y amnistías fiscales impulsados por gobiernos anteriores. Hoy, esos mismos dirigentes aparecen entre los beneficiarios de una herramienta que les evita tener que justificar variaciones patrimoniales durante su paso por la función pública.
La polémica adquiere una dimensión aún mayor porque alcanza a Personas Expuestas Políticamente (PEP), un sector que históricamente estuvo sometido a mayores exigencias de transparencia debido a los riesgos de corrupción y conflictos de interés.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una ampliación de las libertades individuales y una simplificación tributaria, sus detractores la califican como un mecanismo de opacidad institucional que debilita los controles sobre quienes administran recursos públicos.
La pregunta que comienza a instalarse en el debate político es incómoda: si los funcionarios no tienen nada que ocultar, ¿por qué tantos corrieron a adherirse a un régimen diseñado para que nadie observe el crecimiento de sus patrimonios?
