11/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El Gobierno de Javier Milei llevó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) su reclamo contra la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas por parte de empresas británicas. Durante la primera audiencia, realizada en Hamburgo, Alemania, la delegación argentina cuestionó que el Reino Unido se niegue a negociar la soberanía mientras avanza sobre los recursos del territorio en disputa.
La administración nacional sostuvo que Londres no puede rechazar una negociación sobre la soberanía y, al mismo tiempo, impulsar proyectos de explotación petrolera en la zona.
La respuesta británica llegó horas después. La fiscal general Ellie Reeves rechazó el reclamo argentino y afirmó que el Reino Unido no tiene dudas sobre su soberanía en las Islas Falkland ni sobre sus derechos en las áreas marítimas adyacentes.
El proyecto petrolero Sea Lion, en el centro del conflicto
Durante su presentación, Argentina apuntó contra el proyecto Sea Lion, que prevé una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo.
La delegación argentina recordó que el país rechazó sistemáticamente las licencias y decisiones unilaterales británicas. También señaló que en agosto de este año reiteró su disposición al diálogo, una convocatoria que fue desestimada por Londres.
La primera audiencia permitió escuchar los argumentos de ambas partes y se espera una segunda ronda de exposiciones.
La respuesta del Reino Unido
La fiscal general británica, Ellie Reeves, rechazó el pedido argentino de medidas cautelares para detener los proyectos hidrocarburíferos en las costas de las islas.
Además, sostuvo que el planteo argentino constituye una disputa por la soberanía territorial y que, por ese motivo, el Tribunal no tendría competencia para intervenir bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En su exposición, Reeves afirmó que la soberanía británica sobre las islas se remonta a 1765 y que el Reino Unido mantiene una presencia y administración efectiva desde enero de 1833.
También calificó la recuperación argentina de las islas en 1982 como una invasión armada y sostuvo que la administración británica fue restablecida dos meses después.
La representante británica mencionó además el referéndum realizado en 2013, en el que, según expuso, el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus de territorio británico de ultramar.
Reeves acusó a la Argentina de insistir con una agenda política de reivindicación de soberanía, aunque aseguró que su país mantiene disposición a cooperar en asuntos de interés mutuo en el Atlántico Sur.
Cómo comenzó el reclamo argentino
El 28 de septiembre, el Gobierno argentino comunicó su decisión de iniciar un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscripta en 1982.
Posteriormente, el 13 de octubre, formalizó ante el Tribunal un pedido de medidas provisionales para detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
La iniciativa está impulsada por la compañía israelí Navitas, que posee el 65% de participación, y la firma británica Rockhopper, titular del 35% restante.
El plan contempla comenzar la producción de hidrocarburos en 2028, en la cuenca Malvinas Norte, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de las islas.
La delegación argentina
La representación nacional en Hamburgo está integrada por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal; y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente.
La defensa jurídica está a cargo de los especialistas en derecho internacional Marcelo Kohen y Nico Schrijver, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
Mientras el Gobierno destacó la solidez de la presentación, sectores de la oposición cuestionaron la redacción de la Ley de Soberanía Nacional y señalaron que la Casa Rosada habría cedido ante intereses estadounidenses.
