La protesta fue convocada por la UTEP, organizaciones de trabajadores desocupados y precarizados y agrupaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La movilización se produjo después de que trascendieran denuncias por presuntas irregularidades en la compra y utilización de alimentos destinados a la residencia presidencial. La denuncia judicial fue presentada por la diputada Marcela Pagano y apunta, entre otros, contra la exsubsecretaria María Belén Agudiez, Osvaldo Sosa y Analía Agudiez. La investigación todavía debe determinar si existieron efectivamente desvíos de alimentos adquiridos con fondos públicos.

Reclamos frente a la residencia presidencial

Uno de los ejes de la protesta fue el pedido de entrega de alimentos e insumos para los barrios populares. Las organizaciones también reclamaron medidas destinadas a las familias que atraviesan dificultades para acceder a alimentos y afrontar los gastos básicos.

Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, cuestionó durante la movilización el manejo de los recursos alimentarios y vinculó el reclamo con la situación social que atraviesan distintos sectores de la población.

Desde la CCC, en tanto, plantearon la necesidad de recuperar políticas de asistencia y reclamaron respuestas frente a la falta de insumos para la red comunitaria.

Qué pasó con Volver al Trabajo

Otro de los pedidos estuvo relacionado con el Programa Volver al Trabajo (VAT). Sin embargo, el Gobierno nacional había anunciado en abril de 2026 la finalización del programa, cuya última cuota fue liquidada ese mes.

Según informó oficialmente el Ministerio de Capital Humano, el VAT había sido diseñado como una herramienta de transición hacia el empleo formal y su finalización estaba prevista desde su creación. Los exbeneficiarios fueron derivados hacia un sistema de vouchers para capacitación y formación profesional.

La normativa oficial también establece que los beneficiarios del antiguo programa fueron distribuidos entre distintas políticas sociales, entre ellas el Programa de Acompañamiento Social.

La protesta y las denuncias por alimentos

La movilización coincidió con una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia por el supuesto desvío de alimentos adquiridos para la Quinta de Olivos.

De acuerdo con la presentación, se busca determinar si parte de los productos comprados con recursos públicos terminó en un emprendimiento privado de catering vinculado a personas que trabajaban en la residencia.

La acusación todavía debe ser investigada y no existe una resolución judicial que determine responsabilidades. Según Chequeado, la denuncia aún se encontraba en una etapa inicial y el fiscal Eduardo Taiano debía definir si impulsaba la acción penal.

En paralelo, el Gobierno dispuso cambios en la administración de la Quinta de Olivos y transfirió su control a la Casa Militar. También se produjo la salida de María Belén Agudiez y posteriormente se anunció la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido desplazados de la residencia, con reubicación en otras dependencias oficiales.

El reclamo en un contexto de mayor pobreza

La protesta también se desarrolló pocos días después de la publicación de los datos oficiales de pobreza correspondientes al primer semestre de 2026.

Según el INDEC, el 32,3% de las personas de los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanzó al 7,5%.

Las organizaciones sociales utilizaron esos datos como parte de sus argumentos para reclamar políticas de asistencia alimentaria y apoyo a los sectores más vulnerables.

La jornada frente a la residencia presidencial combinó así reclamos por alimentos, programas sociales y denuncias sobre el manejo de recursos públicos, mientras la Justicia debe determinar si las acusaciones vinculadas con la Quinta de Olivos tienen sustento penal.