04/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Movilización desde Santiago del Estero y Av de Mayo hacía Plaza de Mayo en defensa de la Educación Publica. Imagen: Catriel Gallucci Bordoni.
El paro nacional convocado por los gremios docentes registró una alta adhesión en distintas provincias, pese a las advertencias del Gobierno nacional sobre inspecciones para garantizar la prestación del servicio. Los sindicatos aseguraron que la medida reflejó el creciente malestar social y confirmaron que las protestas continuarán con una movilización frente al Congreso.
El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y los gremios docentes sumó un nuevo capítulo con un paro nacional que, según las organizaciones sindicales, tuvo un acatamiento masivo en gran parte del país. La medida de fuerza se llevó adelante pese a la decisión del Ministerio de Capital Humano de anunciar inspecciones para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de clases.
La huelga fue impulsada de manera conjunta por CTERA, CONADU y CONADU Histórica, abarcando todos los niveles educativos, incluido el sistema universitario. Además del paro, docentes de distintas provincias participaron de movilizaciones para reclamar mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.
Desde los sindicatos sostuvieron que la advertencia oficial no logró desactivar la protesta y, por el contrario, fortaleció la adhesión. Aunque evitaron difundir cifras precisas, calificaron la jornada como «contundente» y afirmaron que el respaldo fue elevado tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Durante la movilización realizada en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Ministerio de Economía, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó el deterioro salarial del sector y denunció que el salario mínimo docente permanece congelado en 500.000 pesos. También reclamó la reapertura de las paritarias nacionales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación.
Los dirigentes sindicales también criticaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa, impulsado por el Gobierno, y denunciaron la falta de inversión en infraestructura escolar. Según referentes gremiales, la administración nacional no inició nuevas escuelas y tampoco finalizó numerosas obras que habían quedado en ejecución.
En paralelo, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto para exigir que el Poder Ejecutivo garantice el derecho constitucional a la huelga y se abstenga de aplicar sanciones contra docentes y organizaciones sindicales por participar del paro nacional.
Inspecciones y polémica por la «esencialidad»
El Ministerio de Capital Humano justificó el anuncio de inspecciones al sostener que la educación debe garantizar un nivel mínimo de funcionamiento tras los cambios introducidos por la reforma laboral, que considera a la actividad un servicio esencial.
Sin embargo, desde los gremios rechazaron esa interpretación y remarcaron que el derecho de huelga continúa protegido por la Constitución. Además, cuestionaron el operativo oficial y señalaron que no se difundieron resultados sobre las inspecciones realizadas durante la jornada.
Los gremios anticipan nuevas medidas
Para los representantes sindicales, la masiva adhesión al paro refleja un creciente descontento social frente a las políticas del Gobierno nacional.
El secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, sostuvo que el nivel de participación «expresa un clima social» de creciente conflictividad. En la misma línea, dirigentes de SUTEBA afirmaron que la protesta continuará y confirmaron la participación del sector docente en la movilización prevista para el 6 de agosto frente al Congreso.
Los sindicatos adelantaron que mantendrán el plan de lucha y advirtieron que seguirán reclamando por mejoras salariales, mayor presupuesto educativo y el respeto al derecho de huelga.
