17/03/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.-Foto portada: Cristina Kirchner saluda a la militancia en San José 1111. Imagen: Kaloian Santos.
La escena fue en Comodoro Py, el teatro judicial donde hace años se cocina uno de los expedientes más explosivos de la política argentina. Allí llegó Cristina Fernández de Kirchner para declarar en la llamada causa Cuadernos, y lo hizo con una frase que cayó como una bomba en medio del tribunal: “Me puedo morir presa, pero créanme que esto se va a terminar”.
La expresidenta apareció ante los jueces con un mensaje frontal: dijo que está cumpliendo una “muy injusta condena”, insistió en que fue acusada por delitos que “nunca” pudo haber cometido y denunció un entramado judicial armado para condenarla.
En su exposición apuntó directamente contra el fallecido juez Claudio Bonadio y contra el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de actuar con “prácticas mafiosas” dentro de la investigación. Según su planteo, el expediente se construyó mediante presiones a empresarios y un uso abusivo de la figura del arrepentido.
Cristina Kirchner denunció que empresarios fueron chantajeados con detenciones para que declararan en su contra y sostuvo que la figura del “imputado colaborador” fue utilizada de forma “criminal” para fabricar testimonios. También remarcó que no existe un solo testigo que haya declarado haberle pagado un soborno directamente.
El expediente que volvió a llevarla a los tribunales tiene origen en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestos traslados de bolsos con dinero de empresarios hacia funcionarios vinculados a la obra pública.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015 funcionó un sistema de recaudación ilegal en el que empresarios contratistas del Estado pagaban sobornos para obtener beneficios en contratos y decisiones administrativas. En esa estructura, la Justicia acusa a Cristina Fernández de Kirchner de haber sido la presunta jefa de una asociación ilícita.
En el expediente aparecen también empresarios y financistas que declararon como arrepentidos, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el empresario de la construcción Carlos Wagner, cuyos testimonios alimentaron la acusación judicial.
La defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, volvió a insistir ante el tribunal con un argumento que lleva años repitiendo: los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados” y las declaraciones de 31 imputados colaboradores se habrían obtenido bajo presión.
Mientras se desarrollaba la declaración en los tribunales de Retiro, afuera se acumulaban militantes y organizaciones políticas frente a su domicilio de San José 1111, entre ellas sectores de La Cámpora, organismos de derechos humanos y agrupaciones del peronismo que denuncian una persecución política contra la expresidenta.
Entre los respaldos políticos apareció el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien denunció que “el partido judicial de la mano del gobierno de Javier Milei continúa su acoso contra Cristina Fernández” y acusó a la Justicia de montar un espectáculo para tapar los problemas económicos del país.
Cristina Kirchner también lanzó un mensaje con destinatario político claro: Javier Milei. Durante su declaración cuestionó que el Presidente haya anticipado públicamente que seguirá presa y advirtió que esa afirmación “es violatoria de la Constitución”.
La causa Cuadernos es uno de los expedientes más grandes de la historia judicial argentina y contempla 86 acusados, entre exfuncionarios y empresarios que deberán declarar ante el tribunal. Entre los nombres que siguen en la lista de indagatorias aparece el exministro de Planificación Julio De Vido, también imputado en la causa.
Así, en medio de un juicio que mezcla política, justicia y poder económico, Cristina Fernández de Kirchner dejó una frase que resume el clima de guerra abierta que atraviesa el expediente:
“Me puedo morir presa, pero créanme que esto se va a terminar”.
