13/02/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Las personas identificadas, lanzando bombas molotov en la marcha. Capturas de Video.
La represión salvaje desatada en la Plaza de los Dos Congresos no fue un hecho aislado ni un exceso “accidental” de las fuerzas de seguridad: detrás de lo ocurrido el 11 y 12 de febrero, mientras el Senado debatía la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, se despliega una trama de manipulación política, acusaciones infundadas y uso deliberado de la violencia estatal para cambiar la foto pública y desactivar la protesta social.
Personas detrás de tablones y camiones hidrantes, una de las secuencias que dejó la marcha. Imagen: MDZ /Juan Mateo Aberastain
De acuerdo con el análisis publicado en Página/12, sectores de la izquierda aseguran con firmeza que los artefactos explosivos –molotov– que aparecieron durante la movilización no fueron preparados por manifestantes espontáneos, sino que se trató de infiltrados plantados en la marcha para justificar la reacción policial. “Nadie prepara bombas molotov delante de todos”, sostienen dirigentes sociales al reconstruir los hechos, y no descartan que las **fuerzas de seguridad hayan dejado actuar a un pequeño grupo de anarquistas u otro sector, como parte de una estrategia para vaciar la plaza y mostrar “violencia” como excusa para avanzar con la represión estatal.
Esta hipótesis, que muchos manifestantes coinciden en plantear, cobra cuerpo ante la manera en que las autoridades montaron el operativo: tras los incidentes, la plaza quedó despejada por la fuerza, con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma sin distinción entre quienes protestaban pacíficamente y quienes estaban activos en la marcha. Organizaciones sociales, sindicales y políticos adversarios del Gobierno denunciaron que la estrategia fue deliberada: dejar que se generen momentos de conflicto para luego justificar la intervención policial masiva y las detenciones.
Mientras tanto, las cifras oficiales y las narrativas del Poder Ejecutivo chocan con la presencia de numerosos testigos: según reportes recientes, al menos 37 personas fueron detenidas durante los disturbios, de las cuales varias siguen encarceladas bajo cargos de “resistencia a la autoridad y daños”, mientras que los individuos señalados por arrojar bombas molotov –acusados por el Ministerio de Seguridad– no fueron inmediatamente arrestados en el lugar.
Las divergencias sobre lo que ocurrió no terminan ahí: la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video donde afirma que ya se identificaron a cuatro de los agresores que habrían lanzado proyectiles y molotov contra la Policía, reforzando la versión oficial de “violencia planificada” en la protesta.
Ese discurso del Gobierno intenta encuadrar la movilización popular como un acto de destrucción y desorden para argumentar la necesidad de mano dura. Desde el Ministerio de Seguridad, además, se presentó una denuncia penal que acusa a los señalados de provocar “terror” con atentados contra el orden constitucional y la integridad de las fuerzas de seguridad.
Pero las voces críticas no se quedan en estas versiones oficiales: sectores del movimiento obrero, como la CGT, las CTA y agrupaciones sociales del Plenario del Sindicalismo Combativo, denunciaron que lo que se vivió en las inmediaciones del Congreso fue una represalia política y un uso desmedido de la fuerza para silenciar el rechazo a una reforma laboral que precariza derechos laborales básicos.
Además, organizaciones sindicales y referentes sociales como Rubén “Pollo” Sobrero (Izquierda Socialista) calificaron la jornada como un intento deliberado del Gobierno de presentar la protesta social como un foco de violencia para acallar la lucha contra una ley que abarata despidos, debilita convenios colectivos y limita el derecho de huelga.
En medio de este caldo de versiones cruzadas, la plaza no está vacía, sino que refleja la tensión política y social de un país en disputa. La represión en pleno debate parlamentario no sólo dejó detenidos y heridos, sino también una pregunta incómoda: ¿fue la violencia un acto espontáneo de unos pocos, o parte de una operación de provocación y justificación de la fuerza estatal para imponer una agenda política sin consentimiento popular? En la Plaza Congreso, el conflicto social y la narrativa de Estado chocan con crudeza, y la historia que se escriba dependerá de quién tenga la voz más alta en la arena pública.
