29/05/2026.- Salta al Instante.-Foto portada: Kicillof y Galperín. Imagen: Web.
La provincia de Buenos Aires encendió una bomba política y económica contra Mercado Libre, el gigante de Marcos Galperín, el empresario mimado del modelo libertario de Javier Milei. El gobierno de Axel Kicillof intimó formalmente a la compañía por cláusulas consideradas abusivas, ilegales y perjudiciales para millones de usuarios, y le dio apenas cinco días hábiles para responder antes de avanzar con una sanción que podría alcanzar los 1.815 millones de pesos.
La medida cayó como un misil en medio de la creciente tensión entre el kirchnerismo bonaerense y los empresarios alineados con Milei. Desde La Plata aseguran que Mercado Libre violó sistemáticamente la Ley de Defensa del Consumidor y utilizó contratos redactados para blindarse mientras trasladaba todos los riesgos y responsabilidades a los usuarios.
El dato que más indignación generó es que, según la investigación provincial, la plataforma podía cobrar tarifas sin informar previamente los montos, modificar condiciones unilateralmente y considerar aceptadas esas modificaciones solo por el hecho de que la gente siga usando la aplicación. Es decir: cambiar las reglas del juego sin pedir permiso.
Pero eso no es todo. El gobierno bonaerense sostiene que Mercado Libre y Mercado Pago incluían cláusulas que dejaban al usuario totalmente indefenso frente a fraudes, hackeos o fallas del sistema. En otras palabras, si alguien sufría una estafa o un robo digital, la empresa podía despegarse de la responsabilidad y cargarle el problema completo al cliente.
La investigación también detectó prácticas explosivas que podrían afectar directamente el bolsillo de terceros. Entre ellas, la posibilidad de descontar dinero de cuentas consideradas “relacionadas” con un deudor, incluso si esas personas jamás firmaron el contrato. Para la Provincia, esto representa un atropello inadmisible y una violación directa de los derechos básicos de los consumidores.
El documento oficial describe un esquema contractual donde Mercado Libre se reserva ventajas extraordinarias: puede modificar condiciones cuando quiere, exigir pagos anticipados por “riesgo futuro” según su propio criterio subjetivo y obligar a cualquier usuario argentino a litigar exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, limitando así la capacidad de reclamar en sus provincias de origen.
Detrás de la avanzada aparece el subsecretario Ariel Aguilar, hombre del ministro Augusto Costa, quien fue contundente al explicar que desde la llegada de Milei al poder decidieron reforzar los controles porque entienden que se abrió una etapa donde “las grandes empresas sienten que pueden hacer cualquier cosa”.
La frase cayó como una bomba en el mundo empresarial y dejó al descubierto la dimensión política del conflicto. En el entorno de Kicillof consideran que el gobierno libertario generó un clima de desregulación extrema donde las corporaciones avanzan sobre los derechos de los consumidores sin límites ni controles.
Mercado Libre, mientras tanto, acumula un dato demoledor: es la empresa con más denuncias individuales en Defensa del Consumidor durante el primer cuatrimestre de 2026. Solo entre enero y abril se registraron 2.396 reclamos. Los usuarios denuncian fraudes, pérdida de dinero, problemas con devoluciones, fallas en Compra Protegida y enormes trabas para recuperar productos o ejercer el derecho de arrepentimiento.
En La Plata recuerdan que no es la primera vez que avanzan contra gigantes empresariales. Netflix, HBO, Omint y Flybondi también fueron intimadas por cláusulas abusivas. Pero el caso de Galperín tiene un condimento político mucho más explosivo: el empresario se convirtió en uno de los principales defensores públicos de Javier Milei y suele atacar ferozmente cualquier intento de regulación estatal o impuesto a las grandes fortunas.
De hecho, en las últimas horas Galperín volvió a encender la polémica al apoyar un mensaje presidencial contra los impuestos a los multimillonarios. Desde su cuenta en X disparó que “la batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos para quedarse con el control del Estado”, una frase que reavivó el fuego cruzado con el kirchnerismo.
La tensión crece además por otro detalle incómodo: Galperín vive en Uruguay desde hace años, decisión que muchos sectores políticos interpretan como una maniobra para evitar pagar impuestos en Argentina mientras continúa haciendo negocios multimillonarios con consumidores argentinos.
Ahora la pelota quedó del lado de Mercado Libre. La empresa deberá decidir si retrocede, negocia y modifica sus contratos o si entra en una guerra abierta contra la administración bonaerense. En el gobierno de Kicillof ya dejaron trascender que, si detectan reincidencia o resistencia, podrían avanzar con medidas todavía más duras.
La batalla recién empieza y promete convertirse en uno de los enfrentamientos más calientes entre el poder político y el poder corporativo en plena era Milei.
