12/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei recarga la agenda para intentar alcanzar las reformas. Imagen: AFP.
La Casa Rosada pisa el acelerador y deja claro el rumbo: febrero será el mes del saqueo legalizado. Con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias, el gobierno de Javier Milei prepara una batería de reformas para recortar derechos laborales, endurecer el sistema penal y abrir la puerta a un nuevo festival extractivista a costa del medioambiente.
El plan 2026 ya está en marcha. A partir de los próximos días, el oficialismo desplegará reuniones políticas y giras por las provincias para juntar los votos que le faltan en el Congreso. En la lista de proyectos figuran la reforma laboral, la reforma penal, la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y la modificación de la Ley de Glaciares. Traducido: menos derechos para los trabajadores y más negocios para las corporaciones.
La reforma laboral apunta directo al corazón del empleo: precarización, salarios más bajos, menos descanso y despidos sin indemnización. Un retroceso histórico que el Gobierno vende como “modernización”, pero que en los hechos consolida un mercado laboral de descarte, sin estabilidad ni protección.
En paralelo, Milei avanza contra el ambiente. La modificación de la Ley de Glaciares busca reducir las zonas protegidas y eliminar los presupuestos mínimos de conservación, una exigencia clave de las mineras extranjeras que desembarcan en las provincias cordilleranas para llevarse los recursos naturales y dejar contaminación y pasivos ambientales.
El pacto es explícito: glaciares por votos. Legisladores que responden a gobernadores de provincias mineras ya se comprometieron a acompañar la reforma laboral a cambio del aval oficial para flexibilizar la protección ambiental. Un trueque obsceno mientras el país arde.
Porque mientras en Buenos Aires se negocian leyes para destruir el territorio, el sur del país sigue incendiándose. En la Patagonia, brigadistas y pobladores enfrentan el fuego con recursos mínimos. La esperanza, dicen, no está en el Estado sino en la lluvia: que la naturaleza haga lo que los gobiernos no hacen por desidia y negocios.
El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza la rosca política. La semana pasada aterrizó en Chubut en medio de los incendios para presionar al gobernador Ignacio Torres y asegurarse el apoyo de sus legisladoras. Hubo fotos, sonrisas y poses frente a las llamas. Gestión cero, marketing pleno.
Desde el Gobierno, Manuel Adorni publicó mensajes en redes hablando de “asistencia” y agradeciendo a los brigadistas. Pero en el terreno, los trabajadores del fuego denuncian salarios miserables, contratos precarios y abandono estatal. “Pedimos lo básico: salario digno, estabilidad y jubilación”, reclamaron desde distintos parques nacionales.
La realidad desmiente el relato. La Casa Rosada ejecuta un desfinanciamiento sistemático del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En términos reales, en 2024 se gastó 81% menos que en 2023; en 2025, el recorte fue del 70,8%; y el Presupuesto 2026 consolida una poda del 70,7%. Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa derogar la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el negocio inmobiliario sobre tierras arrasadas.
La agenda de Santilli sigue cargada: Chaco, La Pampa, Mendoza y otra visita a Chubut, ahora con la ministra de Seguridad. Todo al ritmo de una carrera contrarreloj para llegar a febrero con los votos cerrados.
Mientras tanto, Milei prepara las valijas para Davos. Allí, una vez más, volverá a atacar la igualdad de género y negar el cambio climático, en sintonía con un programa que combina ajuste brutal, desprecio ambiental y sumisión a los intereses globales.
Febrero se acerca. Y con él, una ofensiva legislativa diseñada para que pierdan los de siempre: los trabajadores, el ambiente y el país.
