30/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei junto a Maximiliano Patti, hijo del condenado represor Luis Abelardo Patti, uno de los símbolos más nefastos de la brutal represión de la última dictadura. Web.
Mientras la crisis social y económica golpea sin clemencia a millones de argentinos, el presidente Javier Milei vuelve a azuzar la polémica y la indignación: por decreto, nombró funcionario a Maximiliano Patti, hijo del condenado represor Luis Abelardo Patti, uno de los símbolos más nefastos de la brutal represión de la última dictadura y la violencia institucional de la democracia reciente.
Mediante el Decreto 67/2026, publicado en el Boletín Oficial con firma del propio Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno colocó a Patti como Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con retroactividad al 19 de diciembre pasado, borrando cualquier pretensión de transparencia o decoro político.
Sí, leíste bien: un presidente que dice representar la libertad designa a quien pertenece a la familia de uno de los principales acusados por secuestros y asesinatos durante el terrorismo de Estado, y que fue condenado a cadena perpetua por esos crímenes.
Maximiliano Patti, más que un simple dirigente provincial, es un operador político de La Libertad Avanza en el partido bonaerense de Escobar, espacio que heredó casi como atributo dinástico de su padre. Su carrera política no es nueva: fue candidato, armó redes con sectores duros de la derecha y aunque fracasó en su intento por ser intendente, supo tejer alianzas con figuras polémicas.
Pero no es menor el mensaje simbólico y real que esto transmite: en plena Argentina democrática, Milei legitima y blanquea un apellido ligado directa y políticamente a la tortura y a la represión estatal. Muchos esperan que las figuras públicas se alejen de ese pasado sangriento; el Gobierno, en cambio, lo normaliza y lo eleva a un cargo estratégico de control en uno de los organismos regulatorios más sensibles del Estado.
Este episodio se suma a un largo repertorio de decisiones que parecen mirar más hacia la reivindicación de un pasado autoritario que hacia la garantía de derechos y justicia social, justo cuando Argentina debate cómo enfrentar las heridas de su historia reciente.
En lugar de atender las demandas urgentes de vivienda, trabajo, salud y seguridad real de la población, el Gobierno opta por repartir cargos políticamente tóxicos y reescribir el relato con apellidos que deberían estar fuera del poder estatal, provocando indignación y preocupación social.
