Milei avanza con una reforma electoral que cambia las reglas: sin PASO, Ficha Limpia y menos campaña

19/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: 
El dictamen impulsado por el oficialismo propone suspender las PASO durante 2027, eliminar las listas colectoras, implementar una Ficha Limpia con amplias causales de inhabilitación y reducir los espacios gratuitos de campaña. También modifica las condiciones para la afiliación partidaria y deja afuera cambios profundos sobre el financiamiento político. El proyecto consiguió las firmas necesarias para llegar al recinto del Senado, en medio de negociaciones con sectores aliados.

La reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei introduce modificaciones en las reglas de competencia política que podrían tener consecuencias directas sobre la selección de candidatos, la participación electoral y las condiciones de las campañas.

El dictamen se cerró después de dos jornadas de negociaciones. La firma decisiva fue la de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, quien acompañó el acuerdo por instrucción del gobernador Martín Llaryora. Su respaldo llegó después de los cuestionamientos por el reparto de cargos en el Consejo de la Magistratura.

Finalmente, firmaron los seis senadores libertarios —Agustín Coto, Patricia Bullrich, Ivana Arrascaeta, Luis Juez, Belén Montes de Oca y Nadia Márquez—, los radicales Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Flavio Fama, y los representantes de Provincias Unidas Carlos Espínola y Vigo.

Flavio Fama, Carlos Espínola y Alejandra Vigo incorporaron disidencias al dictamen. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo cuenta con 40 votos para aprobarlo, tres más que los 37 necesarios.

Sin PASO en 2027: los partidos definirán sus candidatos

Uno de los cambios centrales está establecido en el artículo 17, que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante todo 2027. La medida también elimina, para ese período, las obligaciones legales vinculadas con la organización de las primarias.

El artículo 20 establece que los candidatos nacionales serán seleccionados de acuerdo con las cartas orgánicas de cada partido político. En el caso de las alianzas, deberán respetarse sus respectivos reglamentos electorales.

En la práctica, la selección de candidaturas quedará en manos de las estructuras internas de los partidos, sin una instancia de primarias obligatorias para que los afiliados y ciudadanos participen en esa definición.

Sin embargo, la iniciativa no elimina definitivamente las PASO. El artículo 23 establece que la suspensión tendrá vigencia exclusivamente para el proceso electoral de 2027 y perderá efecto una vez finalizado ese período.

Otro cambio importante aparece en el artículo 21, que establece que cada agrupación podrá presentar una sola lista por categoría. Además, prohíbe que una alianza y los partidos que la integran presenten listas simultáneas, incluso cuando sean idénticas.

De esta manera, quedan eliminadas las listas colectoras, una alternativa que había sido impulsada durante las negociaciones por sectores de la UCR, particularmente por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

El proyecto mantiene la obligación de respetar la alternancia entre mujeres y varones en las listas, desde el primer candidato titular hasta el último suplente.

Ficha Limpia: condenas en segunda instancia y restricciones para competir

Otro de los capítulos centrales de la reforma es la incorporación de una Ficha Limpia de alcance amplio, que modifica las condiciones para acceder a candidaturas y ocupar determinados cargos dentro del Estado.

El nuevo inciso h) del artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos establece la inhabilitación de personas condenadas por delitos dolosos.

La disposición no establece diferencias según la gravedad o el tipo de delito. Para que opere la restricción, la condena deberá estar confirmada en segunda instancia o en una instancia de revisión antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones.

Además, alcanza con que se confirme uno de los delitos incluidos en la sentencia de primera instancia, aunque se modifique la pena.

Cuando la confirmación judicial se produzca después del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación comenzará a regir una vez finalizado el proceso electoral.

El artículo 4 incorpora el artículo 33 bis, que establece un mecanismo de aplicación automática. La Cámara Nacional Electoral tendrá a su cargo un Registro Público de Ficha Limpia, mientras que los tribunales deberán comunicar las sentencias dentro de las 24 horas.

A su vez, los jueces federales con competencia electoral deberán verificar de oficio que los postulantes no figuren en ese registro y tendrán facultades para rechazar la oficialización de sus candidaturas.

La obligación también alcanza a los candidatos titulares y suplentes, quienes deberán presentar un certificado de antecedentes penales y una declaración jurada.

Uno de los puntos más relevantes es que los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, no suspenderán la inhabilitación. Por lo tanto, una condena confirmada en segunda instancia podrá impedir que una persona integre una lista electoral, aunque todavía tenga recursos pendientes de resolución.

La reforma también extiende las restricciones a las designaciones en el Gabinete nacional, secretarías, organismos descentralizados, el servicio exterior y empresas con participación estatal.

El alcance de esta modificación abre un debate sobre la relación entre las decisiones judiciales y la competencia política, especialmente porque la normativa no distingue entre delitos dolosos según su gravedad y permite activar la inhabilitación antes de que exista una sentencia firme.

Menos publicidad electoral y debates presidenciales restringidos

La reforma también modifica las condiciones de acceso a los espacios de comunicación durante las campañas.

El artículo 7 reduce del 5% al 2,5% el tiempo total de programación que los medios audiovisuales deben ceder gratuitamente para publicidad electoral. Esto representa una reducción del 50% respecto del esquema vigente.

La modificación implica menos espacios gratuitos disponibles para la difusión de propuestas y candidaturas.

Por otra parte, el artículo 10 modifica el artículo 64 del Código Electoral Nacional y establece disposiciones específicas para el debate presidencial durante una segunda vuelta electoral.

La Cámara Nacional Electoral deberá organizar el encuentro dentro de los diez días anteriores al balotaje y convocar a los candidatos dentro de los cinco días hábiles posteriores al escrutinio definitivo.

Si los postulantes no llegan a un acuerdo sobre el reglamento, los moderadores o los temas, será la propia Cámara la encargada de resolver esas cuestiones.

En paralelo, el artículo 16 deroga los artículos 64 sexies a 64 duodecies, que regulaban distintos aspectos de los debates presidenciales.

El dictamen no establece la obligatoriedad de los debates para la primera vuelta electoral. La regulación específica queda concentrada en una eventual segunda vuelta.

También se modifica el régimen de publicidad electoral. El artículo 8 reemplaza el artículo 64 ter y deja la publicidad en radio y televisión fuera del alcance de las restricciones del artículo 64 bis.

La habilitación también comprende a los medios gráficos, la vía pública, internet y la telefonía.

La combinación de estas modificaciones cambia las condiciones de exposición de los candidatos: menos espacios gratuitos, ausencia de una obligación de debatir antes de la primera vuelta y nuevas posibilidades para difundir publicidad electoral fuera de los plazos establecidos en el régimen anterior.

Afiliación digital: DNI y datos biométricos

La iniciativa también introduce cambios en los mecanismos de afiliación a los partidos políticos.

El artículo 1 reemplaza el artículo 23 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establece que quienes quieran afiliarse deberán acreditar su identidad mediante el DNI o factores de autenticación biométrica que se habiliten posteriormente por reglamentación.

La voluntad de afiliación podrá expresarse mediante una ficha en papel o a través de medios electrónicos, bajo la administración de la Justicia Electoral.

Las fichas físicas serán proporcionadas gratuitamente por la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Sin embargo, el texto no precisa quién tendrá a su cargo la custodia de los datos biométricos ni cuáles serán las garantías específicas para su protección. Se trata de un aspecto relevante porque la afiliación política constituye un dato sensible dentro de la legislación de protección de datos personales.

Financiamiento político: los cambios que quedaron afuera

Uno de los aspectos que no avanzó en el dictamen definitivo es la modificación integral del financiamiento de los partidos políticos.

El único artículo que introduce cambios en la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos es el número 7, vinculado con la distribución de espacios gratuitos de publicidad electoral.

El proyecto original contemplaba modificaciones mucho más profundas: eliminaba el financiamiento estatal de las campañas y proponía elevar del 2% al 35% el límite de los aportes privados.

Sin embargo, ese capítulo fue retirado del texto que finalmente obtuvo las firmas para llegar al recinto.

En sus 25 artículos, el dictamen tampoco incorpora nuevas reglas sobre los topes de aportes privados ni modificaciones específicas en los mecanismos de rendición de esos fondos.

De esta manera, la reforma concentra sus principales cambios en la selección de candidatos, las condiciones para competir electoralmente y la publicidad de campaña, mientras deja afuera las modificaciones más profundas sobre el origen y el control del dinero que financia la política.