27/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Banco Genético. Imagen: Web.
El gobierno de Javier Milei sufrió otro revés político y judicial de alto impacto. Después de meses de ajuste feroz, recortes y denuncias por desfinanciamiento, la Casa Rosada terminó obligada por la Justicia a girar 590 millones de pesos para evitar el colapso del Banco Nacional de Datos Genéticos, una institución clave para la búsqueda de hijos y nietos apropiados durante la última dictadura.
La transferencia no fue un gesto humanitario ni una reconsideración política del oficialismo libertario. Fue una retirada forzada.
El Ejecutivo liberó los fondos únicamente después de que el juez federal Alejo Ramos Padilla dictara una medida cautelar demoledora que exponía el riesgo concreto de destruir material genético irremplazable acumulado durante casi cuarenta años.
La advertencia judicial fue gravísima: el ajuste impulsado por el mileísmo estaba poniendo en peligro muestras biológicas únicas vinculadas a delitos de lesa humanidad.
Y el escenario rozaba el escándalo internacional.
El Banco Genético no es un organismo cualquiera. Es una institución reconocida mundialmente por su trabajo en la identificación de personas apropiadas durante la dictadura cívico-militar y conserva más de 32 mil muestras genéticas de familiares que todavía buscan a unos 300 nietos desaparecidos.
Pero el recorte presupuestario había dejado al organismo prácticamente al borde de la asfixia operativa.
Según denunciaron las Abuelas de Plaza de Mayo y la directora del Banco, Mariana Herrera Piñero, el Gobierno había otorgado apenas el 55,96% de los fondos requeridos para 2026.
Eso comprometía desde limpieza y seguridad hasta el mantenimiento de los sistemas de refrigeración que protegen las muestras biológicas.
En otras palabras: el ajuste libertario amenazaba con destruir pruebas irrepetibles vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
Ramos Padilla fue tajante. Recordó que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales de investigar estos delitos y advirtió que cualquier falla en la conservación del material genético podría generar daños irreversibles.
La resolución judicial terminó dejando al Gobierno contra las cuerdas.
Y la Casa Rosada retrocedió.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Jefatura de Gabinete tuvieron que salir de urgencia a destrabar partidas presupuestarias para evitar un conflicto político todavía mayor.
Detrás del episodio aparece además otra acusación explosiva que ya sobrevuela al oficialismo: organismos de Derechos Humanos denuncian que el vaciamiento del Banco no fue casual ni meramente económico, sino parte de una avanzada ideológica del mileísmo contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, el Banco Genético quedó bajo fuego permanente. Primero aparecieron intentos de modificarlo o licuarlo dentro de la Ley Bases. Después llegaron decretos y maniobras administrativas que, según denuncian organismos humanitarios, buscaban intervenirlo de hecho y debilitar su funcionamiento.
Para muchos sectores, el objetivo de fondo es claro: erosionar instituciones vinculadas a la investigación de los crímenes de la dictadura.
En ese contexto, el rol del vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó también bajo cuestionamiento, ya que fue su área la que debió salir a apagar el incendio judicial y político después del fallo.
El Gobierno libertario intentó construir un relato de “orden fiscal”, pero terminó expuesto frente a una acusación mucho más delicada: haber puesto en riesgo uno de los archivos genéticos más importantes del mundo en materia de Derechos Humanos.
Y tuvo que retroceder antes de que el costo político fuera todavía más devastador.
