12/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La relación entre el gobierno de Javier Milei y el Congreso de la Nación Argentina volvió a tensarse con una decisión que ya genera ruido político y cuestionamientos institucionales. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la Casa Rosada habilitó nuevamente la salida de tropas argentinas para participar en ejercicios militares en el exterior sin contar con la autorización previa del Parlamento, una atribución que la Constitución reserva justamente al Congreso.
La medida quedó formalizada en el DNU 149/2026, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial. El decreto autoriza el traslado de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina para participar del ejercicio militar internacional “Cooperación XI”, que se realizará en Brasil, en la ciudad de Campo Grande, entre el 16 y el 27 de marzo. El contingente argentino, según lo establecido en la norma, se desplegará entre el 15 y el 28 de ese mismo mes.
El problema no es el entrenamiento militar en sí, sino el modo en que el gobierno decidió habilitarlo. La Constitución Nacional establece con claridad que el Congreso es quien debe autorizar la salida de tropas nacionales al exterior y el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio argentino. Sin embargo, el Ejecutivo volvió a recurrir a un decreto para avanzar con la maniobra sin ese aval legislativo.
Desde el Gobierno justificaron la decisión argumentando que el Parlamento todavía no trató el proyecto de ley enviado para aprobar el Programa Anual de Ejercicios Combinados 2025-2026, el instrumento que regula este tipo de operaciones conjuntas con otros países. Ante esa demora, la Casa Rosada decidió avanzar por la vía rápida del decreto, una herramienta que en teoría debería utilizarse solo en situaciones excepcionales.
No es la primera vez que la administración libertaria recurre a ese atajo institucional. En 2025 el gobierno ya había habilitado por decreto ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y Chile, que implicaron el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino, también sin aprobación previa del Congreso. Aquella decisión abrió una fuerte discusión política sobre el uso de los decretos y el alcance del control parlamentario en materia de defensa y soberanía.
Ahora el esquema se repite. El decreto que habilita el ejercicio Cooperación XI fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el órgano que debe revisar los decretos de necesidad y urgencia. Allí se decidirá si el Congreso avala o rechaza la medida.
Mientras tanto, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a todo el sistema político: hasta dónde puede avanzar el Poder Ejecutivo cuando decide gobernar por decreto en áreas donde la Constitución establece controles parlamentarios explícitos. En este caso, la pregunta se formula en un terreno particularmente sensible: el movimiento de tropas y la política de defensa de la Argentina.
