15/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Caputo activó la venta de AySA y desató una guerra política, el Gobierno pone en remate el agua de millones de argentinos. Imagen: Ilustrativa. Web.
El gobierno de Javier Milei acaba de cruzar una de las fronteras más explosivas de su plan económico: privatizar el agua. En una decisión que ya genera una tormenta política y social, el ministro de Economía Luis Caputo confirmó que el Ejecutivo avanzará con la venta del 90% de las acciones de AySA, la compañía que controla el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El anuncio oficial confirmó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para lanzar la licitación internacional que abrirá la puerta a la privatización de una de las empresas estratégicas más sensibles del país. El plan libertario apunta a entregar el control operativo a un “socio estratégico” privado mientras el resto de las acciones será colocado en la Bolsa.
La medida representa uno de los movimientos más agresivos del programa económico de Milei desde su llegada a la Casa Rosada. Después de meses de tarifazos, despidos y ajuste, ahora el oficialismo avanza directamente sobre los servicios públicos esenciales con un modelo que reabre el recuerdo traumático de las privatizaciones de los años noventa.
Según explicó Caputo, la empresa ganadora tendrá una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década más. Es decir: quien compre AySA podría quedarse manejando el servicio hasta mediados de siglo.
El Gobierno intentó vender la decisión como una modernización inevitable. Caputo aseguró que la llegada de capitales privados permitirá “mejorar inversiones, ampliar redes y optimizar la calidad del servicio”. Pero detrás del discurso oficial crecen las sospechas sobre posibles aumentos tarifarios, reducción de personal y pérdida de control estatal sobre un recurso estratégico.
Dirigentes políticos, gremios y organizaciones sociales comenzaron a denunciar que el Gobierno busca transformar un derecho básico en un negocio multimillonario para grandes grupos empresarios y fondos internacionales.
El clima se volvió todavía más caliente porque la privatización llega en medio de un contexto económico explosivo: inflación alta, caída del salario, desplome del consumo y una sociedad cada vez más golpeada por los aumentos de tarifas y servicios básicos.
En los barrios del AMBA la preocupación es enorme. Millones de usuarios vienen soportando fuertes incrementos en las facturas de agua y temen que la privatización termine provocando una escalada todavía mayor en las boletas.
En paralelo al anuncio sobre AySA, el ministro también confirmó el ingreso de dos nuevos megaproyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta estrella del Gobierno para atraer capitales extranjeros.
Los proyectos aprobados involucran inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares y están vinculados al negocio del cobre y el litio, dos sectores considerados estratégicos por el oficialismo.
Uno de ellos corresponde al proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza, mientras que el otro apunta a ampliar el proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy.
Según Caputo, ambas inversiones generarían unos 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, el RIGI también viene siendo duramente cuestionado por sectores políticos y sociales que denuncian beneficios impositivos extraordinarios para multinacionales mientras el ajuste golpea a jubilados, trabajadores y provincias.
La combinación de privatizaciones, apertura económica y beneficios para grandes inversores empieza a configurar el núcleo duro del modelo Milei-Caputo: menos Estado, más mercado y control privado sobre áreas estratégicas.
Dentro y fuera del Congreso ya se multiplican las críticas contra el Gobierno por avanzar sobre recursos esenciales mientras profundiza el ajuste sobre la población. En sectores opositores hablan de una “entrega total” y advierten que el oficialismo busca cerrar negocios gigantescos antes de que el desgaste social erosione todavía más el respaldo político del Presidente.
La venta de AySA promete convertirse en uno de los conflictos más feroces del año. Porque esta vez no se discute solamente una empresa. Se discute quién controla el agua. Y quién hará negocios con ella.
