06/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milagro Sala está detenida desde enero de 2016. Imagen: Adrián Pérez.
En una jugada que organismos de derechos humanos califican de hostigamiento político y regresión autoritaria, el Gobierno de Javier Milei intensificó su persecución contra la dirigente social Milagro Sala, reclamando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se levanten las medidas que la mantienen en prisión domiciliaria desde 2017 y que vuelva a cumplir su condena tras las rejas.
La petición, firmada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y presentada ante el tribunal internacional, no es un mero trámite técnico: es una ofensiva política dirigida a revocar el beneficio de arresto domiciliario a una figura emblemática de la lucha social. Sala cumple una condena firme de 15 años por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, pero sus defensores sostienen que su estado de salud y las irregularidades procesales ameritan cautela y cuidado humanitario.
Desde el Ejecutivo se argumentó que la dirigente habría violado las condiciones de su arresto domiciliario al cambiar de ubicación sin permiso judicial, lo que “activó alertas de monitoreo electrónico” y justificó mayores controles. El comunicado oficial no se detuvo allí: calificó las alegaciones de “hostigamiento judicial” como un intento de forjar un relato para sostener privilegios, y subrayó que “los derechos humanos no están para blindar a condenados y garantizar impunidad”.
Para críticos de la medida, sin embargo, la ofensiva de Milei representa un claro ataque político contra una líder social que simboliza la organización popular y la resistencia a políticas de ajuste. La solicitud ante la CIDH no solo apunta a revertir decisiones del tribunal internacional; también envía un mensaje contundente: en la Argentina de hoy, la mano dura no conoce fronteras entre la seguridad jurídica y la persecución política.
Organismos de derechos humanos y sectores del propio campo popular han advertido que este movimiento profundiza una dinámica de criminalización de la protesta social y de represión de voces disidentes, en un contexto donde las libertades democráticas están bajo tensión. La estrategia del Gobierno pone en el centro del debate no sólo la situación de Sala, sino también el rumbo político de un país que enfrenta una polarización cada vez más profunda.
En definitiva, la pulseada por Milagro Sala no es solo judicial: es una batalla política por la memoria, los derechos y el sentido de justicia en Argentina, que ahora se juega en tribunales internacionales y en la arena pública.
