02/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Javier Milei y Santiago Caputo. Imagen: Web.
Con un DNU sin debate, el presidente argentino amplía el poder de los servicios de inteligencia y desata una crisis institucional con advertencias de derechos humanos sobre vigilancia, aprehensiones y opacidad total del Estado
El 31 de diciembre de 2025, en el último día del año y sin discusión parlamentaria alguna, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 que transforma profundamente el sistema de inteligencia argentino. Lo que el Gobierno presenta como modernización y adaptación a “amenazas contemporáneas” equivale, para críticos de todos los sectores, a una concentración inédita de facultades en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con riesgos graves para las libertades individuales y el Estado de derecho.
Bajo el argumento de reorganizar el sistema de espionaje, el decreto no solo centraliza competencias, crea nuevas estructuras internas y convierte a la SIDE en el órgano rector del esquema de inteligencia, sino que además la habilita para aprehender personas en situaciones de flagrancia sin orden judicial previa y declara que “todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto”, generando un manto de opacidad sobre cualquier intervención estatal en materia de seguridad.
Para organizaciones de derechos humanos, constitucionalistas, legisladores de distintas corrientes y gremios, estas medidas son un salto peligroso hacia prácticas de vigilancia sin control y potencial persecución política. Más de 20 ONG, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina, firmaron un comunicado alertando que, “por primera vez en democracia, agentes de inteligencia tienen poder para detenerte”, sin claridad sobre criterios, límites ni garantía de supervisión judicial.
La polémica no se limita a la esfera civil: en la Justicia se han presentado múltiples amparos y planteos de inconstitucionalidad contra el DNU, argumentando que modifica de facto una ley sensible sin debate legislativo y vulnera derechos básicos como la privacidad, la libertad personal y el debido proceso. Abogados constitucionalistas señalan que no existe “necesidad ni urgencia” que justifique un decreto para este tipo de cambio estructural, y advierten sobre un modelo de inteligencia centralizado, opaco y con escaso control democrático.
En los tribunales, sin embargo, los intentos de frenar la medida han sufrido reveses. Un juez federal desestimó un pedido de habeas corpus preventivo presentado contra el decreto al sostener que no había una amenaza “actual o concreta” a la libertad ambulatoria. Esta decisión fue ratificada luego por la Cámara Federal de Apelaciones, que rechazó suspender la medida mientras se discutían cuestiones técnicas de la demanda.
La oposición política también coincide —aunque por razones distintas— en que el uso del DNU en un área tan sensible erosiona controles y debilita el rol del Congreso y de mecanismos de supervisión que históricamente han sido esenciales para evitar abusos de poder. El argumento oficial de que la reforma “ordena, legitima y fortalece” el sistema de inteligencia choca con la crítica transversal de que se trata de una expansión discrecional del poder ejecutivo en terreno reservado a la deliberación democrática.
Este episodio se inserta en un contexto más amplio de tensiones entre el Ejecutivo y las libertades civiles en Argentina. Desde acusaciones de espionaje a dirigentes opositores y periodistas por parte de la SIDE en 2025, hasta ampliaciones presupuestarias opacas o remodelaciones por decreto de agencias estatales sensibles, las señales acumuladas plantean una discusión no menor: ¿será el Estado una herramienta de seguridad democrática o un aparato ampliado de vigilancia con poderes ilimitados?
En definitiva, la reforma de la SIDE ya dejó de ser una cuestión técnica: se convirtió en síntoma y símbolo de una controversia más profunda sobre el rumbo del poder en Argentina, con una sociedad dividida entre quienes piden garantismo constitucional y quienes privilegian la mano dura sin contrapesos.
