04/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Escalada represiva en medio de la crisis, denuncian persecución y criminalización de la protesta. Imagen: Eduardo Sarapura
En un contexto marcado por el deterioro económico y el malestar social, crecen las tensiones en las calles y se multiplican las protestas. Testimonios recogidos en distintos puntos del país reflejan dificultades cotidianas: trabajadores que no llegan a fin de mes, inseguridad creciente, endeudamiento y la necesidad de sostener más de un empleo. Este escenario, que se intensifica semana a semana, instala la conflictividad en la agenda política.
Según Mario Santucho, editor de la Revista Crisis e integrante del Mapa de la Policía, la respuesta oficial se apoya en un despliegue represivo con fuerte presencia en la vía pública. “La estrategia del gobierno es desplegar una fuerza represiva callejera muy grande, con capacidad de incidir en la protesta neutralizándola con diferentes mecanismos, entre ellos una política agresiva de detenciones”, señaló, advirtiendo sobre el corrimiento de límites en prácticas como las detenciones arbitrarias y el uso del sistema judicial.
Uno de los primeros episodios de alto impacto ocurrió el 12 de junio de 2024, durante el tratamiento de la Ley Bases, cuando 33 personas fueron detenidas y acusadas de आतंकismo y desestabilización. Si bien inicialmente la justicia avaló medidas severas, posteriormente las acusaciones se debilitaron y varios detenidos recuperaron la libertad. Un esquema similar se repitió el 12 de marzo de 2025 con 114 detenciones durante la denominada “marcha de las hinchadas”, y en otras manifestaciones posteriores.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la coordinadora del equipo de litigio, Agustina Lloret, cuestionó la dinámica judicial: afirmó que existe una respuesta rápida cuando los acusados son manifestantes y una actitud más lenta frente a integrantes de fuerzas de seguridad. En ese marco, sostuvo que la criminalización de la protesta apunta a desalentar la organización y las expresiones críticas.
Algunos casos judiciales continúan abiertos. El 8 de abril, en Mendoza, manifestantes fueron detenidos durante protestas vinculadas a la Ley de Glaciares. Dos de ellos, Micaela Guiñazu y Adrián Torres, fueron acusados de intento de hurto de arma reglamentaria, lo que demoró su liberación. En paralelo, Milton Tolomeo y Eneas Gallo permanecen detenidos en Marcos Paz desde hace dos meses, acusados de terrorismo por su participación en protestas contra la reforma laboral.
También se menciona el caso de Alexia Abaigar, militante peronista y funcionaria bonaerense, quien fue detenida tras un escrache frente al domicilio del diputado José Luis Espert. La Cámara de Apelación de San Martín dictó posteriormente la falta de mérito, al no encontrar correspondencia entre los hechos imputados y las pruebas presentadas.
En paralelo, se advierte sobre el uso creciente de herramientas tecnológicas en tareas de control. Lloret señaló que sistemas de reconocimiento facial comienzan a ser utilizados en procesos judiciales. Como ejemplo, mencionó el caso de un manifestante identificado a partir de imágenes televisivas, quien fue citado a declarar acusado de intimidación pública tras ser detectado mediante estos sistemas.
Santucho también planteó interrogantes sobre el rol de los servicios de inteligencia, señalando una posible articulación con agencias extranjeras y actores privados, en un contexto que, según su análisis, incluye monitoreo masivo y operaciones de influencia.
Frente a este panorama, sectores de la militancia discuten estrategias para sostener la presencia en las calles sin exponerse a detenciones o persecuciones. Abaigar sostuvo que estos episodios impulsan a reforzar mecanismos de cuidado colectivo, mientras que Santucho planteó la necesidad de disputar el control de la información y cuestionar narrativas que desalientan la protesta.
El aumento de la conflictividad social y las respuestas estatales frente a las manifestaciones configuran un escenario de creciente tensión política y judicial.
