04/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei y el teniente general Carlos Presti. Imagen: Web.
El Gobierno modificó el Presupuesto mediante el DNU 867/2026 y reasignó partidas por cientos de miles de millones de pesos. Defensa recibió más de $217.000 millones y la SIDE sumó $30.518 millones, mientras las transferencias a las provincias fueron recortadas en $35.142 millones.
El Gobierno de Javier Milei volvió a mover las prioridades del gasto público. A través del DNU 867/2026, el Ejecutivo dispuso una reestructuración presupuestaria que incrementa recursos para áreas como Defensa, Inteligencia, Justicia y organismos tecnológicos, mientras reduce partidas destinadas a asistencia financiera y transferencias a las provincias.
La modificación fue justificada por el Ejecutivo bajo el argumento de que era necesario adecuar de manera inmediata el Presupuesto para evitar que se vieran afectados determinados servicios considerados esenciales.
Sin embargo, la distribución de los recursos deja un dato político y económico significativo: mientras algunas áreas estratégicas para el Gobierno reciben fuertes refuerzos, otras partidas sufren recortes millonarios.
Más de $217.000 millones para Defensa
El principal refuerzo se concentra en Defensa y las Fuerzas Armadas, que en conjunto incorporan más de $217.000 millones.
Una parte importante de esos fondos aparece como aplicaciones financieras bajo la modalidad de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, financiados por el Tesoro Nacional.
Entre los principales incrementos figuran:
- Ministerio de Defensa: $114.732.800.677.
- Estado Mayor General del Ejército: $60.429.467.258.
- Estado Mayor General de la Fuerza Aérea: $31.211.124.000.
- Alistamiento operacional de la Armada: $8.115.569.620.
Dentro de la partida destinada a la Armada también aparecen $50.750.000 para gastos reservados.
La SIDE también recibe un refuerzo millonario
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) también queda entre las áreas beneficiadas por la modificación presupuestaria.
El organismo recibe un incremento de $30.518.942.441 para su programa de Información e Inteligencia.
De ese monto, $19.613.938.800 son clasificados como gastos de capital destinados a la adquisición de maquinaria y equipamiento informático y de oficina.
El aumento de los recursos para inteligencia se produce en paralelo con los refuerzos otorgados a Defensa, configurando uno de los principales cambios dentro de la reasignación de partidas.
RENAPER y CONAE también reciben fondos
La reestructuración no se limita a Defensa y la SIDE.
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) suma $120.081.397.520 a su presupuesto. Entre los gastos previstos aparecen $11.000 millones en productos químicos y tintas, $35.315 millones para correos y telégrafos y otros $20.000 millones para suscripciones adicionales a internet.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) incorpora otros $119.289.500.000 destinados al desarrollo de misiones satelitales y al diseño de cuatro satélites SARE II A.
A ese monto se agregan $2.015 millones provenientes de préstamos del BID y la CAF.
Justicia y Congreso también reciben refuerzos
El Poder Judicial de la Nación obtiene un incremento presupuestario de $111.210.300.000.
De ese total, $100.000 millones corresponden a aportes directos del Tesoro destinados principalmente a gastos de personal de sus actividades centrales.
El Poder Legislativo Nacional, por su parte, incrementa sus créditos en $63.810.977.538, destinados a retribuciones de cargos vinculados con la actividad de formación y sanción de leyes.
El recorte: provincias y asistencia social
Para financiar parte de esta reorganización, el Gobierno también recortó partidas centralizadas bajo la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro.
El programa “Otras Asistencias Financieras” sufrió una reducción de $288.474.804.990.
Dentro de ese ajuste, la asistencia social destinada al personal de la Administración Pública Nacional registra una quita de $253.333.083.449.
Pero uno de los datos más sensibles aparece en las transferencias a las provincias.
Los fondos correspondientes al concepto “Administración Central Provincial” se reducen en $35.141.721.541.
Es decir, en la misma modificación presupuestaria que aumenta recursos para Defensa, Inteligencia y otros organismos, el Gobierno disminuye en más de $35.000 millones las transferencias corrientes destinadas a las provincias.
La venta de activos públicos como parte del financiamiento
La norma también contempla ingresos extraordinarios para sostener el nuevo esquema presupuestario.
En los recursos de capital, el Tesoro incorpora $222.911.990.520 provenientes de la venta de activos propios, entre ellos edificios e instalaciones públicas, de acuerdo con las autorizaciones normativas vigentes.
Además, el Poder Judicial incorpora $11.210.300.000 provenientes de ingresos no impositivos bajo la órbita del Fondo Nacional de la Justicia.
El Tesoro también reduce en $202.158.391.935 su cuenta de incremento de activos financieros a largo plazo correspondiente a cuentas por cobrar.
Un Presupuesto que muestra las nuevas prioridades del Gobierno
La modificación dispuesta por Milei vuelve a poner bajo la lupa la política de asignación de recursos del Estado.
El Gobierno sostiene que la reestructuración responde a la necesidad de garantizar servicios esenciales y adecuar partidas de manera urgente. Pero los números muestran una redistribución concreta: Defensa suma más de $217.000 millones, la SIDE recibe otros $30.518 millones y distintos organismos obtienen refuerzos millonarios, mientras se reducen partidas de asistencia y transferencias provinciales.
La discusión, entonces, no pasa solamente por cuánto gasta el Estado, sino por qué áreas reciben más recursos y cuáles terminan pagando el costo del ajuste.
