20/11/2024.- www.eldiarioar.com.- Por Pedro Lacour.- Foto portada: Javier Milei en el G20 de Río de Janeiro 2024. Imagen:
En la Casa Rosada insisten en que el “Plan A” es que el proyecto no prospere, algo que le permitiría al Presidente continuar administrando las partidas a su gusto, como lo viene haciendo desde que asumió. Este martes se frustró la comisión que buscaba dictaminar el texto, que debería tratarse antes de fin de mes, si el Gobierno no llama a sesiones extraordinarias.

Este miércoles vence por reglamento el plazo para que se puedan emitir dictámenes de comisiones, por lo que las posibilidades de avanzar hacia un consenso se desvanecen, dejando al Ejecutivo frente a la posibilidad de prorrogar el presupuesto actual —es decir, el de 2023, que elaboró Sergio Massa en carácter de ministro de Economía— por segundo año consecutivo, algo que no ocurrió nunca en la historia institucional argentina.
Para los bloques opositores de la Cámara baja la situación es preopupante ya que son conscientes de que, sin “ley de leyes” actualizada, Milei estaría facultado para continuar administrando discrecionalmente las partidas presupuestarias, postergando la actualización de aquellas dirigidas a educación, salud o programas sociales. Un arma poderosísima para el oficialismo que busca esquivar compromisos fiscales con las provincias en su afán por seguir manteniendo a los gobernadores, dependientes de fondos nacionales, alineados con Balcarce 50.

En los últimos días la tensión con los gobernadores escaló, y todos los caminos conducen a una misma pulseada: la caja. El oficialismo se muestra abierto a discutir sus necesidades de financiamiento y ofrecerles recursos para proyectos específicos, pero con una condición: que respalden la regla del déficit cero. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es el encargado de dejarles en claro que, si no se logra consenso legislativo, Milei podría avanzar sin tener que ceder ante sus demandas. El mensaje es directo: o aceptan un presupuesto austero o se quedan con el del año anterior, lo que colocaría a las provincias en una situación de todavía mayor dependencia de la Casa Rosada, que tendría la última palabra en el manejo de los fondos.
Es que el debate en torno al Presupuesto 2025 dejó expuesto esa tradicional dinámica de “látigo” y “chequera” ejercida desde el vamos por Milei. Por eso, uno de los reclamos, sobre todo de los mandatarios que no fueron favorecidos con Aportes del Tesoro Nacional (ATN), es que se coparticipe el resto de los fondos discrecionales que no distribuyó. El Gobierno repartió entre diez gobernadores solo $45.300 millones de los $515.226 millones que tiene disponibles.
“Las provincias están pidiendo en total US$3.700 millones. Ellos piden, pero no hay plata, no vamos a poner nada”, planteó este martes un funcionario del oficialismo, que acusa a los dirigentes locales de “no proponer nada sobre de dónde sacar esa plata” que piden para el Presupuesto. El jueves pasado, las conversaciones con los aliados llegaron a un punto muerto cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó propuestas presentadas por los mandatarios del PRO y la UCR. A esto se sumó el descontento de la mayorías de los gobernadores, quienes en una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) expresaron su frustración por la falta de respuestas desde Casa Rosada.

Aunque el comunicado oficial maquilló el encuentro como técnico, las exigencias planteadas fueron claras: coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), saldar deudas previsionales, finalizar obras públicas y explorar la transferencia de propiedades nacionales como parte de pago para calmar las aguas.
En ese contexto, el oficialismo mueve sus fichas con la tranquilidad de saber que el reloj corre a favor de su plan. Milei podría convocar a sesiones extraordinarias, incluyendo el Presupuesto 2025 en el temario, para que el Congreso pueda tratarlo a partir de diciembre, ya que el sábado 30 vence el período ordinario. Se trata de una posibilidad que, por ahora, el Gobierno mantiene en suspenso.
PL/JJD
“No tenemos los US$3.700 millones que piden los gobernadores”, dicen en la Casa Rosada sobre el Presupuesto 2025
El Poder Ejecutivo negocia el texto en un contexto de tensiones con las provincias y con la caída, a último momento, de la reunión en que el proyecto iba a quedar listo para ser votado el miércoles en el recinto. No descarta convocar a extraordinarias para seguir negociando. Usar el Presupuesto 2023, que elaboró Massa, le daría aún mayor discrecionalidad al tándem Milei-Caputo.

Después de que el oficialismo suspendiera este martes la reunión de comisión en que el Presupuesto 2025, el primero de la gestión de Javier Milei, iba a quedar listo para ser votado este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados, el Gobierno sostuvo que seguirá negociando el proyecto y no descartó llevarlo a sesiones extraordinarias. Sin embargo, uno de sus más influyentes funcionarios aclaró: “No hay plata y no tenemos los US$3.700 millones que piden los gobernadores”.
Según consigna la agencia Noticias Argentinas, este funcionario de la gestión libertaria declaró a un grupo de periodistas acreditados de la Casa Rosada que en el oficialismo seguirán “buscando consenso con las provincias para destrabar” el avance del Presupuesto 2025, que es un presupuesto de ajuste. “Las provincias están pidiendo en total US$3.700 millones. Ellos piden, pero no hay plata, no vamos a poner nada. Ellos no proponen nada sobre de dónde sacar esa plata, de dónde sale esa suma que piden para el Presupuesto. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado”, planteó el funcionario.
«Ellos piden, pero no hay plata, no vamos a poner nada. Ellos no proponen nada sobre de dónde sacar esa plata, de dónde sale esa suma que piden para el Presupuesto».
No obstante, aclaró que el Presupuesto “no está caído todavía” y señaló: “Si lo hubiéramos dado por muerto, ya lo habríamos dicho”. El Gobierno suspendió este martes el debate en comisión del Presupuesto 2025, pero dejó abierta la posibilidad de convocar a extraordinarias para aprobar esa ley en caso de que hubiera acuerdo con los bloques dialoguistas. “Habrá sesiones extraordinarias, si hay consenso”, agregó el funcionario al ser consultado sobre si podría tratarse en esa instancia.
El funcionario aludió así a los cinco puntos que pidieron los gobernadores para la discusión del Presupuesto. Estos consisten en 1) las deudas por cajas previsionales, 2) la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, 3) la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), 4) la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y 5) las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017. Estos cinco pedidos equivalen a US$3.700 millones, según la Casa Rosada.
En caso de que no se apruebe el proyecto, se deberá renovar otra vez el Presupuesto 2023. Esta posibilidad es vista con buenos ojos por la gestión libertaria, ya que de esa forma quedará habilitada a redistribuir partidas presupuestarias con mayor discrecionalidad.
El debate sobre el Presupuesto 2025 es un indicador la tensión fiscal entre el Gobierno y las provincias, en un contexto de ajuste por la falta de recursos, el principal propósito del gobierno libertario, que es el superávit fiscal y el crecimiento de las reservas del Banco Central, y por otro lado la presión de los mandatarios provinciales por asegurar fondos para cubrir compromisos sensibles.
JJD, con información de NA







