26/02/2026.- Salta al Instante.- Por Jesús Castillo.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Web.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el nuevo órgano fiscal que reemplazó a la ex-AFIP, desató esta semana lo que podría ser uno de los mayores escándalos recaudatorios de los últimos años al aplicar de forma automática recategorizaciones y aumentos de cuota a monotributistas de todo el país sin criterio objetivo ni relación directa con sus ingresos gravados. La maniobra, que según fuentes oficiales alcanzaría a más de 4 millones de contribuyentes, implicaría aumentos mensuales de hasta de 40.000 a 570.000 pesos, simplemente por cruzar datos de billeteras virtuales y otros consumos sin discriminar su origen real.
El cambio, que comenzó a aplicarse tras el cierre del período de recategorización semestral el pasado 5 de febrero, utiliza un sistema automatizado denominado MOREO (Monotributo – Recategorización de Oficio) para sumar todos los depósitos acreditados en billeteras virtuales –como Mercado Pago, Naranja X y Ualá– y compararlos con la facturación declarada ante ARCA. Si el total detectado supera los límites de la categoría original, el contribuyente es subido de categoría, incrementando la cuota mensual o incluso pudiendo ser excluido del régimen simplificado y obligado a ingresar al régimen general, con IVA, Ganancias y Autónomos.
Los contadores y asesores fiscales consultados advierten que el sistema no discrimina el origen de los montos dentro de las billeteras: transferencias personales, reintegros de compras, préstamos o hasta propinas en aplicaciones quedan computados como ingresos empresariales a efectos fiscales. El tributarista Daniel Pérez, del estudio Pérez, Fiocco & Asociados, señaló que “si tenés dinero en varias billeteras, el sistema las suma y asume ventas no declaradas, aunque no haya actividad comercial real”.
La polémica medida no solo provocó alarma entre los pequeños contribuyentes y trabajadores autónomos, sino que desató una ofensiva política de rechazo. El diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para suspender por 180 días las facultades de ARCA para recategorizar de oficio a monotributistas, acompañado por legisladores como Victoria Tolosa Paz, Ernesto Pipi Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Emir Félix, Juan Pablo Luque y Nicolás Massot, argumentando que “los parámetros objetivos de facturación y consumo no reflejan la capacidad contributiva real en un contexto de crisis económica e inflación”.
La oposición y organizaciones de trabajadores autónomos calificaron la ofensiva recaudatoria como arbitraria e injustificable, advirtiendo que la decisión de ARCA implica “penalizar a quienes intentan cumplir con sus obligaciones mientras se castiga a quienes simplemente usan sus cuentas digitales para manejar su dinero cotidiano”. Desde el organismo fiscal, por ahora, no hubo una explicación pública detallada que justifique cómo se discriminan los ingresos efectivos de los movimientos que no constituyen renta imponible.
La controversia estalla en un momento en que millones de monotributistas, desde comerciantes de barrio hasta profesionales independientes, ven crecer sus costos fijos sin que sus ventas reales hayan aumentado. La falta de claridad en los criterios de recategorización, sumada a la automatización de procesos informáticos que no distingue entre ingresos legítimos y simples movimientos de dinero, constituye un golpe directo al bolsillo de quienes más dependen del régimen simplificado para sostener su actividad.
Los contribuyentes afectados disponen de 15 días hábiles para apelar la recategorización a través del sistema de “Presentaciones Digitales”, pero múltiples quejas señalan que la plataforma de ARCA estuvo caída durante horas clave para gestionar los descargos, lo que podría consolidar decisiones adversas que causen impacto fiscal inmediato.
Al cabo, mientras la dirigencia política y los especialistas debaten si corresponde contener o corregir la automatización fiscal, millones de monotributistas ven sus cuotas dispararse, su inclusión en escalas ajenas a sus realidades y, en casos extremos, el pasaje forzoso a un régimen impositivo más gravoso. El silencio explicativo desde ARCA y el impacto económico concreto de esta decisión colocan al organismo en el centro de una tormenta que, lejos de amainar, promete mayores consecuencias sociales y políticas en las próximas semanas.
