19/02/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: IA.
A dos años del gobierno de Javier Milei, el relato de la “liberación” económica choca contra una estadística implacable: despidos masivos, cierres, suspensiones y crisis empresarias que se multiplican en todo el país. El ajuste no es una consigna: es una hemorragia laboral que atraviesa las 24 provincias.
A dos años del experimento libertario, el mercado laboral argentino no muestra señales de “liberación” sino de implosión. El informe “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Javier Milei”, elaborado por el CEPA con datos relevados entre enero de 2024 y febrero de 2026, registra al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país. No se trata de una percepción ni de una consigna sindical: son casos sistematizados a partir de medios y organizaciones gremiales, y aun así el propio documento advierte que no abarcan la totalidad de los episodios ocurridos.
La radiografía es brutal. El 62,1 % de los conflictos se concentró en la Industria. Textil, alimentos, metalurgia y siderurgia encabezan el derrumbe, empujados por la apertura importadora que el Gobierno presentó como panacea modernizadora. Servicios representó el 16,9 %; el sector primario, 9,5 %; comercio, 8,2 %; construcción, 3,3 %. Detrás de esos porcentajes hay fábricas paralizadas, persianas bajas y telegramas.
La principal razón de conflicto fue el despido: 63,6 % de los casos. El dato dialoga con otro número que surge de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: entre noviembre de 2023 y octubre se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados. No es ajuste “quirúrgico”: es amputación. Le siguen cierres de empresas (12,3 %), suspensiones (10 %) y crisis empresarias (7,8 %).
Las PYMES fueron el blanco principal: 39,1 % de los conflictos. Les siguen conglomerados extranjeros (27,3 %), grandes empresas (18,3 %), grupos económicos (11,9 %) y estatales (3,5 %). El 71,5 % de las firmas involucradas son de capital nacional. El “costo argentino” terminó siendo, en muchos casos, el propio trabajador.
Tras la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de aquietarse, la conflictividad se aceleró. Hasta septiembre de 2025 se habían registrado 507 casos, a un promedio de 24 por mes. Desde la elección hasta febrero, el promedio saltó a 42 mensuales: 210 casos en apenas cuatro meses. La estabilización prometida se tradujo en una curva ascendente de conflictos.
En la industria alimenticia, uno de los subsectores más golpeados con 82 casos relevados, la histórica Lácteos Verónica paralizó totalmente su producción y dejó a unos 700 trabajadores en situación crítica a comienzos de 2026, con deudas millonarias acumuladas. En la avícola, Granja Tres Arroyos arrastró un conflicto prolongado por deudas salariales, aguinaldos y horas extras impagas. En Misiones, la producción de yerba mate frenó la cosecha “hasta nuevo aviso” por precios que no cubren costos, afectando a productores, tareferos y cooperativas. En la vitivinicultura, Casa Montes se hunde en una crisis financiera, con antecedentes similares en Bianchi y Norton.
El textil, que concentra el 23,6 % de los conflictos dentro de la industria, expone con crudeza el impacto de la competencia con plataformas como Shein y Temu. Grupo DASS desvinculó a 43 trabajadores en enero de 2026 y su producción solo estaría garantizada hasta junio. Emilio Alal cerró definitivamente sus plantas en Goya y Villa Ángela, dejando sin empleo directo a más de 260 trabajadores.
En la metalurgia y siderurgia, que representa el 12,8 % de los conflictos industriales, Acindar aplicó miles de suspensiones: 1.700 en febrero de 2024, 3.000 en marzo, 460 en junio; en 2025 sumó 980 en febrero, 600 en julio y septiembre, 200 en octubre y casi la totalidad del personal en diciembre. Además, hubo despidos en marzo de 2024 (115), febrero de 2025 (65) y junio de 2025 (130 tercerizados). Fornax anunció el cierre definitivo para el 31 de enero de 2026 y ofreció pagar menos del 50 % de las indemnizaciones legales.
En electrónica, Newsan oficializó la desvinculación de 45 trabajadores y mantiene 70 suspendidos sin fecha de reincorporación, con reducciones de jornada y salario al 85 %. En el sector automotriz, la capacidad instalada cayó al 56,1 % en octubre de 2025 y el déficit comercial del sector alcanzó los 8.019 millones de dólares entre enero y noviembre de ese año, un salto del 155,1 % respecto de 2023. General Motors redujo su planta de más de 1.000 trabajadores a 600 en menos de dos años, con 167 retiros voluntarios y 33 despidos en abril de 2024, 309 despidos en febrero de 2025 y otros 90 retiros en noviembre.
La conflictividad atraviesa las 24 jurisdicciones del país, con picos en Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, Misiones, San Juan y Corrientes. No es un fenómeno aislado ni sectorial: es federal y transversal.
El relato oficial habla de eficiencia, competitividad y modernización. Los números hablan de despidos, cierres y suspensiones. Dos años después, la motosierra dejó de ser metáfora: es estadística. Y la estadística, cuando se traduce en vidas concretas, tiene nombre y apellido.
No son las políticas que se usen, la situación no va a mejorar, el problema no son las inversiones que no llegan a pesar de regalarles el país, el problema es el temor del mercado a Milei y Caputo. Ambos son la desconfianza que sienten los empresarios, inversores, que solo ven a Argentina como una bicicleta financiera y no como una oportunidad de crear un emprendimiento sólido. En definitiva, el problema tiene dos apellidos, Milei Caputo.
