29/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Diego Spagnuolo, todavía libre. Imagen: Web.
El abogado Gregorio Dalbón pidió al juez federal Ariel Lijo la detención del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, tras la incorporación de nuevos informes sobre contrataciones durante su gestión. La presentación menciona diferencias de precios, pagos duplicados, errores de categorización y productos entregados que no coincidirían con los adjudicados.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, volvió a quedar en el centro de la investigación judicial por presuntas maniobras de corrupción en el organismo. El abogado Gregorio Dalbón solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene su detención, luego de la incorporación de nuevos informes sobre las contrataciones realizadas durante su gestión.
El pedido se produjo pocos días después de que la Sala II de la Cámara Federal confirmara el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 imputados en la causa que investiga presuntas coimas, direccionamiento de compras y otros delitos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Los nuevos informes que complican la situación
La presentación de Dalbón se fundamenta en documentación incorporada recientemente al expediente. Según el planteo, los informes habrían detectado diferencias de precios de gran magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos finalmente entregados no se corresponderían con aquellos que habían sido adjudicados.
Para el abogado denunciante, estos elementos no representarían hechos aislados, sino una serie de operaciones y modalidades de contratación que podrían haber provocado un perjuicio al patrimonio público durante el período en que Spagnuolo estuvo al frente de la ANDIS. La existencia y alcance de esas irregularidades forman parte de la investigación judicial y deberán ser determinados por la Justicia.
El planteo también llega después de que una auditoría interna del Gobierno detectara nuevos cuestionamientos sobre las contrataciones del organismo. Dalbón utilizó esos elementos para sostener que existen motivos para adoptar una medida de coerción contra el exfuncionario.
La causa por presuntas coimas en la ANDIS
Spagnuolo ya se encuentra procesado en el expediente. La Cámara Federal confirmó el procesamiento dictado originalmente y consideró, junto con otros imputados, la existencia de elementos que vinculan al exfuncionario con una presunta organización dedicada al direccionamiento de compras de medicamentos e insumos médicos.
La resolución de la Sala II alcanzó también a Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y otros involucrados. La investigación analiza presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario y cohecho, según las imputaciones que forman parte del expediente.
La causa comenzó a partir de denuncias sobre presuntos mecanismos de direccionamiento de compras y pago de sobornos. Con la confirmación de los procesamientos y la incorporación de nuevos informes, el expediente sumó ahora un pedido para restringir la libertad de Spagnuolo mientras continúa la investigación.
Alegan riesgo de entorpecimiento y fuga
Dalbón fundamentó su solicitud en el supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación. En concreto, pidió que se evalúe la posibilidad de que Spagnuolo pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, además de influir sobre testigos o peritos.
El abogado también planteó la existencia de un eventual riesgo de fuga y pidió al magistrado que valore esas circunstancias al momento de resolver sobre la detención.
El pedido, sin embargo, no equivale a una orden de detención: se trata de una solicitud que deberá ser analizada y resuelta por el juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo actualmente la causa.
Mientras tanto, la investigación sobre la ANDIS continúa avanzando sobre las contrataciones realizadas durante la gestión de Spagnuolo. Las nuevas medidas buscan determinar el alcance de las presuntas irregularidades y si existió un perjuicio concreto para las arcas públicas.
