09/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Equipos neonatales. Imagen: Web.
En una de esas historias que combinan irregularidades administrativas, grietas éticas del sistema de salud y la intervención urgente de la Justicia, la provincia de Salta vivió esta semana un episodio que puso al descubierto un soterrado conflicto entre lo público y lo privado en la atención sanitaria. La Justicia ordenó que, en cinco días hábiles, una **clínica privada salteña restituyera al Hospital Público Materno Infantil seis equipos neonatales fundamentales que habían sido hallados dentro del establecimiento pese a ser propiedad del nosocomio público.
El hallazgo de estos dispositivos de soporte vital para recién nacidos desató una polémica que va más allá de un simple desvío de bienes. Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta se informó que la jueza Claudia Puertas, tras una denuncia por el faltante de la aparatología, intimó a la firma Neofenix S.R.L. —vinculada a una clínica privada— a restituir los equipos que habían sido sustraídos del nosocomio público y se encontraban instalados y en funcionamiento en un área de terapia infantil de la institución privada.
Lo que en principio fue una alerta administrativa terminó convirtiéndose en una escena de tensión institucional y reclamo ciudadano: según la investigación, no se procedió al secuestro inmediato de los equipos para no poner en riesgo la vida de los bebés que estaban siendo asistidos con ellos, lo que revela el vínculo problemático entre el derecho a la salud y las intrigas jurídico-comerciales de quienes manejan recursos de alto costo en el ámbito sanitario.
El caso no solo involucra la restitución de bienes —hasta ahora realizados por el plazo judicial establecido— sino también sumarios administrativos en el hospital público y el escrutinio sobre la figura de quienes, en teoría, deben gestionar equipamiento de uso público sin poner en riesgo la vida de pacientes vulnerables.
Mientras tanto, el escándalo cobró un nuevo capítulo con las negaciones desde sectores empresariales de la salud privada que intentaron desligarse de cualquier responsabilidad, desentendiéndose del origen y manejo de los equipos neonatales —lo que generó aún más debate sobre la transparencia institucional y el control ciudadano sobre los recursos de salud.
Esta historia deja al descubierto, una vez más, una tensión profunda: en el corazón de un hospital público clave para la atención materno-infantil, el conflicto entre lo público y lo privado puede traducirse en vidas en juego, burocracia judicial y cuestionamientos al sistema de salud provincial.
