26/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Gobernadores presionan por obra pública mientras Milei extiende la mesa de negociaciones por la reforma laboral. Imagen: Web.
En un escenario cada vez más tenso y fragmentado, los gobernadores provinciales volvieron a poner sobre la mesa la obligación ineludible de aumentar la obra pública, justo cuando el Gobierno de Javier Milei intenta forzar la aprobación de su controvertida reforma laboral. La disputa pone en evidencia que, detrás de las negociaciones de pasillo y las promesas, se esconde una crisis de fondos y una caída inédita de las transferencias nacionales a las provincias, que hoy están en los niveles más bajos de la última década.
Más allá de las fotos cordiales entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y algunos mandatarios en sus visitas provinciales, la realidad es cruda: los presupuestos provinciales están exhaustos, la Inversión Real Directa se desploma y la coparticipación —esa sangre económica para las administraciones locales— sigue sin recuperar ritmo.
El conflicto se ha tornado explícito en las negociaciones por la reforma laboral, donde los mandatarios no solo reclaman mayor obra pública y fondos, sino que también exigen compensaciones concretas por los recortes fiscales previstos en el proyecto oficial, que reducirían impuestos coparticipables y erosionarían aún más los recursos provinciales.
Este choque entre Nación y provincias no es un dato menor: expone una fractura en la coalición de poder que sostiene a Milei, obligando al Gobierno a maniobrar políticamente con mayor cautela de la esperada. Santilli, en su gira para asegurarse apoyos para la reforma, se enfrenta a gobernadores que ya no aceptan simples promesas de alianza o gestos simbólicos, sino compromisos presupuestarios firmes y obras concretas en sus territorios.
La tensión con los mandatarios provinciales revela que la reforma laboral, lejos de ser un debate aislado sobre empleo, se ha transformado en un evento de negociación política integral donde la obra pública y los recursos federales pasan a ser moneda de cambio. En ese contexto, la pulseada entre el Ejecutivo nacional y las provincias deja ver un Gobierno que intenta avanzar mientras sus aliados territoriales, con los bolsillos vacíos, exigen garantías reales antes de sellar acuerdos legislativos.
