23/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada:
La diputada Marcela Pagano amplió su denuncia penal y apuntó contra el jefe de la Casa Militar, general Sebastián Ibáñez, por presuntas irregularidades en la administración de la Quinta de Olivos. La presentación sostiene que recursos y alimentos adquiridos por el Estado podrían haber terminado en emprendimientos gastronómicos vinculados al entorno de una exfuncionaria.
El escándalo por el manejo de alimentos y proveedores en la Quinta de Olivos sumó un nuevo capítulo. La diputada nacional Marcela Pagano amplió su denuncia penal y señaló al jefe de la Casa Militar, general Sebastián Ignacio Ibáñez, por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos.
Según la presentación judicial, Ibáñez habría tenido intervención en decisiones administrativas relacionadas con la compra y distribución de alimentos destinados a la Casa Rosada y la residencia presidencial. La denuncia plantea posibles delitos vinculados con el manejo de fondos públicos y conflictos de intereses, aunque se trata de acusaciones que deberán ser investigadas por la Justicia.
El jefe de la Casa Militar ocupa el cargo desde 2024 y depende de la estructura de la Secretaría General de la Presidencia. Su nombre adquirió mayor relevancia luego de una modificación administrativa mediante la cual la Casa Militar pasó a concentrar funciones vinculadas con la administración de la Quinta de Olivos.
La denuncia apunta al manejo de los alimentos
Uno de los ejes de la presentación de Pagano es la Licitación Pública 0016/2026, destinada a adquirir alimentos para la Casa Rosada y Olivos.
El expediente contemplaba la compra de 29.505 kilos de carne y pescado para un período de seis meses. La diputada cuestionó particularmente las cantidades previstas para la residencia presidencial y planteó sospechas sobre el destino de parte de esos productos.
Entre los ejemplos mencionados en la denuncia aparecen cantidades de dulce de leche y mostaza que, según Pagano, resultaban significativamente superiores a las previstas para la sede del Gobierno.
La presentación judicial sostiene que parte de esos insumos podría haber sido utilizada para abastecer a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento gastronómico vinculado a María Belén Agudiez, quien hasta la semana pasada ocupaba el cargo de subsecretaria de Planificación General.
El vínculo que denuncia Pagano
Otro de los puntos incorporados por la diputada es el supuesto vínculo sentimental entre Ibáñez y Agudiez. Según la denuncia, esa relación podría configurar un conflicto de intereses en las decisiones relacionadas con la administración de la residencia presidencial.
Pagano también señaló a Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la Quinta de Olivos y es señalado como cuñado de Agudiez, dentro del circuito administrativo que debía registrar y controlar el ingreso de los productos.
La legisladora sostiene que la concentración de funciones en la Casa Militar podría afectar el resguardo de documentación y elementos relevantes para determinar qué ocurrió con los alimentos adquiridos con fondos públicos.
Estas afirmaciones forman parte de una denuncia judicial y no constituyen hechos probados. La investigación deberá establecer si existieron efectivamente desvíos de mercadería, irregularidades administrativas o beneficios indebidos para empresas privadas.
Qué le pidió Pagano a la Justicia
La diputada solicitó medidas de prueba consideradas urgentes para preservar documentación que podría resultar relevante para la investigación.
Entre ellas pidió el resguardo de servidores informáticos, el secuestro de remitos correspondientes a las entregas de proveedores, los correos institucionales de Ibáñez y documentación contable de la Quinta de Olivos.
También solicitó la intervención de ARCA para analizar y cruzar la información tributaria y las facturaciones relacionadas con el emprendimiento gastronómico mencionado en la denuncia.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y establecer eventuales responsabilidades. El expediente pone bajo la lupa el sistema de compras, distribución de alimentos y administración de proveedores de la residencia presidencial.
