21/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Olivos. Imagen: Web.
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia contra funcionarios y personas vinculadas al entorno de la Presidencia por presuntas maniobras con fondos públicos. Señaló contrataciones cuestionadas, el supuesto uso de insumos estatales para un catering privado y a un jubilado que habría facturado más de $600 millones como proveedor.
La Quinta Presidencial de Olivos quedó en el centro de una nueva denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial en la que acusa a personas vinculadas con el entorno de la Presidencia de posibles delitos de peculado, fraude contra la administración pública y lavado de dinero.
Las acusaciones fueron difundidas por la legisladora bajo el nombre de “Olivosgate” y apuntan al funcionamiento interno de la residencia oficial, particularmente al sistema de contrataciones y a la utilización de bienes adquiridos con fondos estatales.
Pagano sostuvo que existen elementos que deberían ser investigados por la Justicia y cuestionó el papel de personas vinculadas con la administración de la Quinta de Olivos.
Un jubilado aparece como proveedor por más de $600 millones
Uno de los puntos más llamativos de la denuncia está relacionado con un supuesto proveedor de la Presidencia. Según Pagano, documentación oficial mostraría que un jubilado, sin vivienda propia y con domicilio en un barrio carenciado, habría sido utilizado para facturar más de $600 millones.
La diputada planteó dudas sobre la capacidad real de esa persona para desarrollar las actividades comerciales que figurarían en la documentación. El dato forma parte de la denuncia y deberá ser verificado por la investigación judicial.
El planteo busca determinar quién habría realizado efectivamente las operaciones y cuál fue el destino de los fondos involucrados.
La denuncia por los insumos de la cocina de Olivos
Otro de los ejes señalados por Pagano está relacionado con la cocina de la residencia presidencial. La legisladora sostuvo que su administración habría quedado vinculada a Analía Agudiez, a quien identificó como pareja del intendente de la Quinta de Olivos y hermana de Belén Agudiez, colaboradora de Karina Milei.
Según la denuncia, productos comprados con recursos públicos habrían terminado abasteciendo un servicio privado de catering denominado “Pancitos Caseros”.
La acusación plantea un posible uso irregular de bienes estatales y reclama que se determine si existió efectivamente un beneficio privado derivado de esas compras.
También cuestionan contratos de jardinería
Pagano puso bajo la lupa otros servicios contratados dentro del predio presidencial. Entre ellos mencionó la jardinería, cuya prestación habría sido adjudicada a Franco Castelli, a quien la diputada vinculó comercialmente con la familia Agudiez.
De acuerdo con su presentación, ese procedimiento ya habría derivado en una denuncia penal identificada como CFP 2273/2026.
La legisladora también cuestionó la cantidad de contrataciones relacionadas con carritos de golf Melex y compras de aromatizantes de la marca Saphirus, al considerar que deberían ser revisadas para determinar si existieron sobreprecios, contrataciones innecesarias u otras irregularidades.
La acusación por supuestas comisiones del 3%
Otro de los aspectos mencionados por Pagano es la existencia de un supuesto esquema de retornos del 3% asociado a determinadas contrataciones realizadas en la Quinta de Olivos.
La diputada vinculó esa acusación con investigaciones anteriores relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, cualquier conexión entre ambos casos deberá ser establecida mediante pruebas y por las autoridades judiciales correspondientes.
La denuncia presentada busca que se investigue si existió una metodología sistemática detrás de las contrataciones y el movimiento de recursos.
Cambios en el personal de la residencia
Pagano también sostuvo que se habría producido un desplazamiento del personal civil de la residencia presidencial y un incremento de la presencia militar dentro del predio.
Según la interpretación de la diputada, esos cambios podrían estar relacionados con un intento de dificultar el control sobre las presuntas irregularidades denunciadas. Se trata de una afirmación de la legisladora que deberá ser corroborada mediante una investigación.
En ese contexto, Pagano cuestionó el funcionamiento actual de la residencia y afirmó que Javier Milei quedó prácticamente aislado dentro de un lugar que, según su descripción, “parece un cuartel”.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió
La presentación de Pagano incorpora acusaciones que involucran contrataciones, proveedores, utilización de bienes estatales y movimientos millonarios dentro de la Quinta de Olivos.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si las operaciones denunciadas tuvieron irregularidades, quiénes participaron y si existió algún perjuicio para el Estado.
Por el momento, las acusaciones constituyen hechos denunciados y no condenas ni responsabilidades judicialmente establecidas.
Con información de El Ciudadano.
