20/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Glaciar. Imagen:
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares ya no es solamente un debate ambiental. Se transformó en un campo de batalla político, judicial y social en el que miles de ciudadanos denuncian que el Congreso pretende discutir el destino de uno de los bienes naturales más estratégicos del país con una audiencia pública que, según organizaciones ambientales, nace recortada, limitada y diseñada para dejar afuera a la mayoría.
El conflicto explotó después de que organizaciones ambientalistas presentaran un amparo colectivo contra el mecanismo dispuesto para las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados. La acusación es directa: se trata de un esquema “excluyente” que no garantiza la participación ciudadana en un debate que ya movilizó a una cantidad inédita de personas.
La dimensión del interés social es difícil de ignorar. Más de 85.000 personas se inscribieron para participar en el proceso de audiencias públicas sobre la reforma de la ley que regula la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Un número que, según quienes impulsan el reclamo judicial, podría seguir creciendo y convertirse en una convocatoria histórica para una discusión legislativa de este tipo.
Pero frente a esa avalancha de participación ciudadana, la respuesta institucional fue poner un cerrojo. El esquema planteado establece que solo unas 200 personas podrán exponer oralmente durante la audiencia, un límite que para las organizaciones ambientalistas convierte el proceso en una simulación de participación más que en un verdadero debate público.
La crítica es contundente: miles de ciudadanos se anotaron para hablar y el Congreso pretende resolverlo con un mecanismo que reduce la discusión a un pequeño grupo de expositores mientras el resto queda relegado a enviar comentarios escritos o grabaciones. En otras palabras, una audiencia pública multitudinaria convertida en un embudo.
La tensión política detrás del conflicto es evidente. La reforma de la Ley de Glaciares ya tiene media sanción del Senado, donde fue aprobada con 40 votos a favor y 31 en contra, incluidos dos rechazos provenientes del propio bloque peronista: los ex gobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci.
Ese resultado abrió una carrera contrarreloj en la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, Martín Menem, busca acelerar el tratamiento legislativo para llevar la reforma al recinto y lograr su sanción definitiva, mientras la oposición exige más tiempo de debate y más días de audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana.
En el trasfondo aparece una discusión mucho más profunda que el cronograma parlamentario: qué se protege cuando se habla de glaciares y qué intereses económicos se ponen sobre la mesa cuando se discute su regulación.
La Ley de Glaciares vigente establece la protección de los cuerpos de hielo y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y prohíbe actividades que puedan dañarlos, entre ellas la explotación minera o hidrocarburífera en esas zonas.
Las modificaciones impulsadas ahora reducen el alcance de esa protección y habilitan interpretaciones que, según organizaciones ambientalistas, podrían abrir la puerta a nuevas actividades extractivas en territorios que hasta ahora estaban protegidos.
Por eso la pelea ya no se limita al recinto del Congreso. Se libra también en tribunales, en organizaciones sociales y en una ciudadanía que, al menos en este caso, decidió no mirar para otro lado.
Porque mientras el oficialismo intenta ordenar el debate con un cronograma comprimido y una audiencia recortada, miles de personas inscriptas insisten en una pregunta incómoda: si el agua de los glaciares es un bien estratégico para el país, ¿por qué el debate para decidir su futuro parece diseñado para que hablen tan pocos?
