21/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Imagen: @amcham.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió a la Fiscalía los antecedentes para investigar al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo. La causa analiza un presunto incumplimiento de una sentencia que ordenó regularizar los pagos a prestadores de personas con discapacidad.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quedó nuevamente bajo la lupa judicial. El juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, envió a la Fiscalía los antecedentes para investigar si el funcionario y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, incurrieron en desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se originó en una causa por prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En ese expediente, la Justicia había ordenado a PAMI e Incluir Salud regularizar la cadena de pagos a los prestadores.
El magistrado remitió las actuaciones al fiscal federal Carlos Casas Nóblega, luego de considerar que existen elementos que deben ser analizados penalmente ante el presunto incumplimiento de la sentencia.
El fallo que debía garantizar los pagos
El conflicto comenzó con un amparo colectivo presentado ante la Justicia Federal de Córdoba. En junio, Vaca Narvaja ordenó normalizar de manera inmediata los pagos correspondientes a las prestaciones para personas con discapacidad y estableció un plazo para que los organismos cumplieran la resolución.
La causa tuvo una nueva instancia en agosto, cuando el juez solicitó documentación a Incluir Salud para verificar si efectivamente se había acatado la sentencia.
Según la denuncia presentada por Marta Lastra, abogada patrocinante del amparo, la respuesta de los organismos no habría acreditado el cumplimiento requerido. La presentación sostiene que Incluir Salud no entregó la documentación solicitada y que PAMI lo hizo de manera incompleta.
El juez habló de un “continuo incumplimiento”
A partir de estos antecedentes, Vaca Narvaja remitió el expediente a la Fiscalía Federal N.º 2 para determinar si las conductas denunciadas pueden configurar delitos.
La investigación deberá establecer si existió efectivamente desobediencia a una orden judicial y si las autoridades involucradas incumplieron sus obligaciones como funcionarios públicos. La decisión de investigar no implica, por sí misma, que Lugones o Leguizamo hayan sido declarados responsables de esos delitos.
La presentación de la abogada Lastra volvió a poner en primer plano la situación de los prestadores que trabajan con personas con discapacidad y los reclamos por la regularización de los pagos.
Más frentes judiciales para el ministro
El nuevo expediente se suma a otras investigaciones y denuncias que involucran al ministro de Salud. Entre ellas se encuentra la causa relacionada con las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, además de cuestionamientos planteados por trabajadores del Hospital Garrahan.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital también presentó una denuncia relacionada con el supuesto uso irregular de fondos presupuestarios por $58.107 millones. Estos planteos se encuentran bajo investigación y las denuncias no equivalen a una determinación judicial de responsabilidad.
La auditoría que detectó un desfasaje de $158.000 millones
En paralelo, una auditoría sobre la gestión de la exAgencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó un supuesto desfasaje de aproximadamente $158.000 millones vinculado con deudas que no habrían pasado por los mecanismos de control correspondientes.
El análisis abarca el funcionamiento del organismo durante la gestión libertaria hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que fue desplazado Diego Spagnuolo en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades.
La información se incorporó a un escenario judicial más amplio que investiga posibles maniobras de fraude y sobreprecios dentro del área de discapacidad. Parte de esa investigación se originó tras la difusión de audios que contenían acusaciones sobre un supuesto esquema de cobro de porcentajes, incluido el denominado “3% para Karina”, afirmación que forma parte de una denuncia y cuya veracidad debe determinar la Justicia.
Así, la nueva investigación abierta en Córdoba coloca otra vez a Lugones y a las autoridades del sistema de salud frente a un expediente judicial, esta vez por el presunto incumplimiento de una orden destinada a garantizar el pago de prestaciones para personas con discapacidad.
