28/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Pañuelazo. Imagen: Prensa.
La tensión política explotó este miércoles frente al Concejo Deliberante de Salta y dejó imágenes de forcejeos, empujones y un fuerte operativo policial contra manifestantes feministas y de la diversidad que realizaban un pañuelazo en rechazo a la polémica reforma de la Carta Orgánica Municipal impulsada por sectores conservadores y libertarios.
La protesta, encabezada por la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, terminó convertida en un escenario de máxima tensión luego de que efectivos policiales avanzaran sobre las manifestantes para intentar retirar banderas, equipos de sonido y desplazar a quienes reclamaban contra la incorporación de la cláusula “protección de la vida desde la concepción” en el nuevo texto municipal.
Las organizaciones denunciaron un operativo “desmedido”, acusaron violencia institucional y señalaron que el despliegue policial buscó intimidar y disciplinar a quienes se oponen a lo que consideran una peligrosa avanzada contra derechos conquistados.
El conflicto se desató en un contexto político cada vez más caliente dentro de la capital salteña. La inclusión de la cláusula “vida desde la concepción” abrió una feroz disputa ideológica y reactivó el enfrentamiento entre sectores feministas y referentes conservadores alineados con posiciones antiderechos que ganaron fuerza bajo el clima político nacional impulsado por el oficialismo libertario.
Según denunciaron desde la Asamblea, el operativo policial apareció de manera repentina mientras recién comenzaban a desplegar las banderas y preparar el acto. “Fue como un asalto”, describieron las manifestantes, que relataron escenas de tensión cuerpo a cuerpo para impedir que los efectivos se llevaran el sonido y los elementos de protesta.
La activista Irene Cari aseguró que varias mujeres fueron empujadas y hostigadas durante el procedimiento. También denunció que efectivos varones se colocaron encima de las manifestantes para intimidarlas mientras una mujer policía sujetaba y empujaba físicamente a la referente Sofía Fernández hacia la calle.
“Hubo intimidación, hubo hostigamiento y hubo un intento de desalentar nuestro derecho a manifestarnos”, denunciaron desde la organización, que además vinculó lo ocurrido con antecedentes de persecución y criminalización hacia militantes feministas en Salta.
Para las organizaciones, el debate excede ampliamente una discusión técnica sobre la Carta Orgánica. Aseguran que se trata de una ofensiva política y simbólica destinada a reinstalar discursos antiderechos y generar miedo en torno al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, vigente en Argentina por ley nacional.
Sofía Fernández advirtió que el impacto de estas posiciones ya tiene consecuencias concretas sobre la vida de las mujeres y personas gestantes. Según denunció, continúan llegando casos de abortos inseguros realizados en condiciones precarias por miedo, desinformación o dificultades de acceso al sistema de salud.
“No podemos permitir que Salta sea convertida en un territorio antiderechos”, señalaron las manifestantes, que acusaron a sectores conservadores de utilizar la reforma municipal como plataforma ideológica para volver a discutir derechos ya conquistados.
La crisis también atravesó de lleno la sesión del Concejo Deliberante. Allí, concejales protagonizaron fuertes cruces políticos por el contenido de la reforma y por el operativo policial desplegado frente al edificio.
La concejala Malvina Gareca cuestionó con dureza la inclusión de la cláusula “vida desde la concepción” y sostuvo que se trata de una provocación política orientada a reabrir debates ya saldados por la legislación nacional. También criticó el despliegue de seguridad, al considerar desproporcionada la presencia policial frente a una protesta integrada mayoritariamente por mujeres.
Desde el oficialismo y sectores aliados intentaron despegarse de las acusaciones. El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, negó haber dado órdenes a la policía y sostuvo que la seguridad del operativo dependía exclusivamente de las fuerzas policiales. Sin embargo, las críticas hacia las autoridades municipales y provinciales continuaron creciendo durante toda la jornada.
La concejala libertaria Agustina Álvarez Echeile defendió la polémica cláusula y rechazó que implique un retroceso en materia de derechos. Sus declaraciones terminaron profundizando aún más el clima de confrontación política.
Mientras tanto, la Convención Municipal avanza hacia la etapa final de la reforma en medio de un escenario cada vez más explosivo. Las organizaciones feministas y de la diversidad ya anticiparon nuevas movilizaciones y prometen sostener la presión en las calles para impedir que Salta quede asociada a un modelo político “antiderechos”.
El conflicto ya desbordó las paredes del Concejo Deliberante y amenaza con transformarse en uno de los principales focos de confrontación política y social en la provincia. Con la reforma entrando en su tramo decisivo, el choque entre conservadores y movimientos feministas parece lejos de apagarse.
