21/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Represión a jubilados. Imagen: Web.
Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elaborado con datos oficiales del Ministerio de Seguridad, sostiene que el Gobierno nacional destinó más de $2.000 millones en 2025 a los operativos desplegados durante las protestas de jubilados frente al Congreso. El organismo afirma que el monto equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono.
Más de $2.000 millones para los operativos en las protestas de jubilados
El Gobierno de Javier Milei destinó más de $2.000 millones durante 2025 para los operativos de seguridad realizados en las movilizaciones de jubilados que se desarrollan cada miércoles frente al Congreso Nacional. Así lo señala un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elaborado a partir de información oficial del Ministerio de Seguridad.
Según el relevamiento, entre enero y diciembre de 2025 se realizaron 43 operativos, con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval.
De acuerdo con el CELS, cada despliegue tuvo un costo promedio de $48,5 millones, considerando combustible y gastos de equipamiento informados por la cartera de Seguridad.
El costo real podría ser mayor
El organismo advirtió que la cifra difundida representa una estimación conservadora, ya que no contempla otros costos asociados a los operativos, como las horas de servicio obligatorio y adicionales de los agentes desplegados.
El informe indica que participaron, en promedio, 915 efectivos por operativo, aunque el Ministerio no detalló el costo total del personal afectado a cada intervención.
El operativo del 12 de marzo fue el más costoso
El CELS identificó como el operativo de mayor magnitud el realizado el 12 de marzo de 2025, jornada en la que resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo tras el impacto de una granada de gas lacrimógeno.
Ese día participaron 1.266 efectivos de distintas fuerzas federales. La investigación judicial mantiene procesado al cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado por presuntas lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas. La causa también busca determinar eventuales responsabilidades dentro de la cadena de mando.
El informe denuncia detenciones y personas heridas
El documento sostiene que, de las 43 manifestaciones registradas durante 2025, 28 terminaron con intervenciones represivas.
Además, organizaciones que monitorean las protestas relevaron 149 detenciones consideradas arbitrarias y al menos 501 personas heridas, producto del uso de balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y carros hidrantes.
Entre los agentes procesados por distintos hechos vinculados a estas movilizaciones también figuran un prefecto acusado por provocar la pérdida de visión de un manifestante con un proyectil, un inspector de la Policía Federal imputado por agredir a una jubilada de 82 años y un efectivo señalado por arrojar gas pimienta a una niña durante una protesta.
El CELS cuestionó la estrategia del Gobierno
El organismo sostuvo que el presupuesto destinado a estos operativos equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono, tomando como referencia el promedio de los haberes durante 2025.
Asimismo, cuestionó la política de seguridad aplicada en las movilizaciones y afirmó que el Gobierno aborda la protesta social desde una lógica de seguridad, en lugar de garantizar el derecho a la manifestación y atender los reclamos vinculados con el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados.
