19/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: La Corte esquivó el debate de fondo y dejó firme la tobillera contra Cristina Kirchner. Cristina en el balcón. Imagen: Leandro Teysseire.
Sin analizar los argumentos centrales del planteo y refugiándose en formalismos, la Corte Suprema de Justicia decidió no revisar los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y ratificó tanto la colocación de la tobillera electrónica como el régimen restrictivo de visitas impuesto durante su prisión domiciliaria. La decisión volvió a encender las críticas por el uso político del aparato judicial contra la expresidenta.
Los ministros del máximo tribunal descartaron los recursos con el argumento de que no cumplían con “exigencias normativas” y carecían de una “fundamentación autónoma”, sin pronunciarse sobre las razones de fondo expuestas por la defensa. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían señalado lo evidente: Cristina Kirchner cuenta con custodia permanente de la Policía Federal, como todos los exmandatarios, es una figura pública imposible de ocultar y no existe riesgo alguno de fuga que justifique la tobillera.
La Corte tampoco abordó el reclamo por el régimen de visitas, que obliga a pedir autorización judicial previa y limita los encuentros a dos veces por semana, por dos horas y con un máximo de tres personas, una condición inédita para cualquier persona bajo arresto domiciliario. Aunque el propio tribunal reconoció que ese régimen fue modificado —y endurecido—, concluyó que el planteo era “abstracto” y evitó revisar la arbitrariedad denunciada.
El doble recurso presentado por la defensa fue rechazado sin explicaciones sustantivas. En un caso de enorme trascendencia institucional y atravesado por denuncias de persecución política, los jueces optaron por eludir cualquier fundamentación profunda, reforzando la lectura de que las decisiones judiciales responden más a un clima político que a criterios jurídicos consistentes.
Ahora resta que se resuelva un nuevo planteo contra las condiciones impuestas por el juez Jorge Gorini, responsable de la ejecución penal. Desde noviembre, el magistrado redujo drásticamente las visitas, cuando hasta ese momento Cristina recibía entre 15 y 20 solicitudes diarias y tenía autorización para permanecer dos horas al día en la terraza de su domicilio de San José 1111. Gorini ratificó recientemente esas restricciones, lo que derivó en otra apelación que deberá tratar la Cámara de Casación.
Mientras tanto, el escenario se completa con una presión constante para forzar a la exmandataria a mudarse —ya sea a una quinta del conurbano o a su casa de El Calafate—, algo que Cristina rechaza de plano. Su decisión es permanecer cerca de su hija y del centro de la actividad política.
La ofensiva no se limita a las condiciones de detención. También avanza el decomiso de bienes adquiridos por el matrimonio Kirchner mucho antes de llegar a la Casa Rosada y sin relación directa con la causa Vialidad, en una estrategia que apunta a debilitar cualquier foco de resistencia a la política económica del gobierno de Javier Milei.
Un episodio reciente expuso con claridad el trasfondo del endurecimiento judicial: en noviembre, Cristina recibió a once jóvenes economistas que le acercaron un plan alternativo de reactivación económica. La difusión de esa imagen desató una reacción mediática furiosa y, poco después, llegó la resolución de Gorini restringiendo las visitas, salvo las de abogados, médicos y familiares.
La permanencia diaria en la terraza, autorizada por razones de salud, tampoco altera el objetivo central de las medidas: el aislamiento político. Un objetivo que ya no se disimula. El propio Milei se jactó en más de una oportunidad de haber “metido presa” a Cristina, mientras que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, presentó el fallo condenatorio casi como una decisión personal, firmada en tiempo récord: apenas seis semanas, cuando el tribunal suele demorar años o apelar al artículo 280 para rechazar causas sin analizar el fondo.
La defensa insiste en volver al régimen original de la prisión domiciliaria, sin autorizaciones previas ni límites arbitrarios de personas u horarios, tal como ocurre con el resto de los detenidos en esa condición. Incluso personas condenadas por delitos comunes con tobillera electrónica no tienen ningún control sobre sus visitas.
En el caso de Cristina Kirchner, la excepcionalidad no es jurídica. Es política. Y la Corte acaba de ratificarla, una vez más.
