17/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Precarización laboral. Imagen: Web.
La reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei cerró esta semana una etapa clave con la media sanción en el Senado argentino, tras una maratónica sesión de más de trece horas que terminó 42 a 30 a favor de la iniciativa oficialista. El proyecto, que reformula aspectos nucleares de la Ley de Contrato de Trabajo, abre la puerta a la ampliación de la jornada laboral, flexibiliza indemnizaciones y limita derechos sindicales tradicionales. Las calles de Buenos Aires y otras ciudades se llenaron de protestas, que en algunos casos derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La reforma, promovida con fervor desde la Casa Rosada como una pieza central del paquete de reformas económicas que acompañan el llamado “choque de liberalismo económico”, habilita jornadas de hasta 12 horas diarias bajo un banco de horas, modifica el cálculo de indemnizaciones por despido para que sean más bajas y reduce la protección de los convenios colectivos frente a acuerdos individuales entre empleadores y trabajadores. Para el oficialismo, estas medidas “modernizan” el mercado laboral y lo hacen más competitivo.
Los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, por el contrario, denunciaron en términos crudos lo que para ellos representa la reforma: un proyecto que consolida una “precarización estructural” del empleo y desnuda siglos de conquistas colectivas. Tras la aprobación en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una huelga general, la cuarta contra la administración de Milei, para rechazar el paquete legal y presionar a la Cámara de Diputados para que frene los avances.
En paralelo, un extenso comunicado conjunto de sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones feministas cuestionó duramente los ejes del proyecto: señalan que el abaratamiento del despido, la fragmentación de vacaciones, la ampliación de bancos de horas y la reducción de licencias por enfermedad o cuidado de familiares no son “modernizaciones”, sino recortes graves de derechos laborales que profundizan la desigualdad y la violencia económica, especialmente contra mujeres y diversidades en el mundo del trabajo.
Las críticas se apoyan también en los datos más recientes del mercado laboral argentino, que reflejan una fuerte expansión de empleos precarios y del trabajo no registrado. Según el Indec, en 2025 la informalidad laboral y los cuentapropistas representaron una proporción creciente del empleo urbano, con un avance notorio de aquellas ocupaciones que no garantizan derechos mínimos ni estabilidad.
Especialistas y juristas laborales consultados por medios nacionales advierten que buena parte de las reformas realinea el equilibrio en la relación laboral a favor del sector empresario. El análisis señala que la disminución de la ultraactividad de convenios, la limitación del derecho a huelga y el peso de acuerdos individuales erosionan el poder de negociación colectiva, un pilar histórico de la legislación argentina.
El debate no es únicamente interno. Analistas políticos comparan las reformas argentinas con procesos similares en la región y sostienen que la tendencia a flexibilizar derechos laborales se inscribe en un modelo más amplio que prioriza la atracción de inversiones y la reducción de costos empresariales por sobre la protección de trabajadores.
La respuesta social ha sido proporcional a la magnitud del cambio. Movimientos de diversos sectores confluyeron en protestas masivas frente al Congreso y en las principales plazas del país. Desde la CGT hasta organizaciones feministas y de la economía popular, denunciaron que el proyecto no solo precariza el empleo sino que también fragmenta la solidaridad laboral y debilita herramientas colectivas de defensa de derechos.
La reforma ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde la oposición anticipa que dará batalla jurídica y política para frenar su avance. Marineadas por la movilización social, las tensiones se agudizan mientras el Ejecutivo presiona por transformar la legislación vigente desde hace décadas, apuntando a cambiar el mapa del trabajo argentino en los años venideros.
