16/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Airón Lamas García nació sin un riñon, sin antebrazo y sin pulgar derecho. Su madre tenía plomo presente en la sangre.Imagen: Ignacio Conese.
Después de dos décadas de reclamos, un fallo judicial ratificó la responsabilidad del municipio por el daño ambiental y sanitario provocado por la exfundidora Metal Huasi. Los damnificados exigen que el intendente Ariel Machaca no apele la sentencia y reclaman indemnizaciones, atención médica especializada y una remediación ambiental efectiva.
Después de casi 20 años de reclamos, la comunidad de Abra Pampa consiguió un avance judicial en la causa por la contaminación con plomo provocada por los residuos de la exfundidora y refinadora Metal Huasi. El juez Federico Otaola, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, firmó el 5 de noviembre una sentencia que ratifica la responsabilidad del municipio por el daño sanitario y ambiental sufrido por los habitantes.
El fallo alcanza a 457 damnificados, integrantes de una demanda colectiva que inicialmente fue impulsada por 600 pobladores. La presentación cuestionó la falta de controles municipales sobre el funcionamiento de la exmetalúrgica y ahora abre el camino para determinar la reparación económica que deberá afrontar el Estado local.
Sin embargo, la resolución judicial no puso fin al reclamo. Las familias advierten que todavía falta conocer el estado actual de los terrenos afectados y determinar si persisten niveles peligrosos de contaminación. Por eso, exigen nuevos estudios ambientales, asistencia sanitaria y trabajos concretos de remediación.
Los abogados de los demandantes mantuvieron reuniones para evaluar el monto de las indemnizaciones. Mientras tanto, los vecinos y especialistas médicos se movilizaron al Concejo Deliberante y posteriormente al municipio para reclamar respuestas.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al intendente Ariel Machaca, quien estaría evaluando apelar la sentencia. Los damnificados le piden que no presente nuevos recursos y que avance con el cumplimiento de la resolución.
Se estima que en aproximadamente un mes se conocerá el monto definitivo que deberá pagar el municipio. Hasta el momento, la comuna no se pronunció oficialmente ni recibió a los afectados.
Los vecinos denuncian abandono municipal
Para las familias, el fallo representa un avance, pero también una victoria incompleta. Consideran que la posibilidad de una nueva apelación y la falta de acompañamiento del Ejecutivo municipal mantienen la incertidumbre sobre una reparación que llevan décadas esperando.
La semana pasada, los damnificados acudieron al Concejo Deliberante para solicitar el respaldo de los concejales y reclamar que el municipio no vuelva a recurrir la decisión judicial.
Verónica Mendoza, una de las personas afectadas por la contaminación con metales pesados, expresó la preocupación de las familias y apuntó directamente a la responsabilidad municipal.
“Se tiene que hacer cargo la Municipalidad de Abra Pampa”, sostuvo. También cuestionó la postura del intendente: “Dice que no tiene presupuesto para pagar y no se sabe si apelará”.
Mendoza explicó que los vecinos buscan construir una salida institucional que permita resolver el conflicto sin perjudicar al resto de la comunidad. Según señaló, durante estos años los damnificados fueron responsabilizados por el supuesto impacto del juicio sobre las finanzas municipales.
“Queremos llegar a un diálogo tanto con Provincia como con Nación, buscar soluciones para que la gente de Abra Pampa no se sienta presionada”, manifestó.
La referente insistió en que el reclamo no se limita a quienes integran la demanda judicial. También piden remediación para los vecinos que no participaron del juicio, pero que igualmente podrían estar afectados por la contaminación.
“No queremos pelear con nuestros propios hermanos. Vamos a seguir en pie de lucha porque es nuestro derecho; somos varias familias y merecemos respeto”, afirmó.
La emergencia sanitaria y la falta de atención especializada
Además de las indemnizaciones, uno de los reclamos centrales apunta a la situación del sistema de salud local. Durante la manifestación en el Concejo Deliberante, los vecinos cuestionaron la falta de respuestas de algunos concejales frente a un problema que afecta directamente a la salud pública.
Los damnificados advirtieron que el hospital de Abra Pampa se encuentra severamente desmantelado y que la localidad necesita profesionales especializados en intoxicación por metales pesados.
“Somos personas que realmente necesitamos atención médica. Nuestro pedido es porque pensamos en nuestro prójimo, en nuestros hermanos abrapampeños”, expresó Mendoza.
La sentencia también representa un antecedente para las empresas mineras que operan en la región. No obstante, los vecinos remarcan que el Estado tiene la responsabilidad de controlar las actividades que puedan generar contaminación y garantizar condiciones ambientales seguras.
Por ese motivo, adelantaron que presentarán iniciativas ante la Legislatura provincial para exigir nuevos estudios sobre la calidad del suelo y controles que permitan determinar si los espacios afectados fueron correctamente saneados.
Sospechas sobre la remediación de los terrenos
Los pobladores señalaron que todavía existen motivos de preocupación sobre los trabajos realizados en sectores donde funcionó la exfundidora y se depositaron residuos contaminantes.
Mencionaron especialmente el Anfiteatro y el predio deportivo, construidos en espacios vinculados a la presencia de escombros y desechos. Según relataron, cuando llueve observan cambios en la coloración del agua en el polideportivo, una situación que vuelve a poner en discusión la efectividad de las tareas de remediación.
“Queremos remediación y sanación, que vengan especialistas, que vuelvan a verificar la tierra para ver si los trabajos realizados en el Anfiteatro y en la Ciudad Cultural están bien hechos y que no haya más contaminación. Solo así nos quedaremos tranquilos. Queremos vivir en un lugar sano”, manifestó Mendoza.
La referente también recordó que infraestructuras importantes de la localidad, como el Anfiteatro y el predio deportivo, se concretaron mediante la intervención y el aporte de organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para visibilizar las consecuencias de la contaminación con plomo. Según indicó, no hubo aportes de origen provincial ni nacional.
Como parte de un pedido de memoria colectiva, los damnificados solicitaron que el Anfiteatro lleve un nombre en homenaje a todas las personas afectadas por el metal pesado. También propusieron bautizar la cancha de césped sintético como “Don Raúl García”, en reconocimiento a uno de los pioneros de la lucha contra la contaminación de Metal Huasi, actualmente fallecido.
Natalia Morales habló de un “crimen social y de Estado”
La problemática también llegó a la Legislatura provincial. La diputada del PTS-FITU Natalia Morales, integrante de la Comisión de Ambiente, cuestionó la responsabilidad de la empresa y de los distintos gobiernos que intervinieron durante estos años.
“Lo ocurrido y que sigue ocurriendo en Abra Pampa no es un descuido ni una catástrofe natural: es un crimen social y de Estado”, sostuvo.
La legisladora apuntó contra la actividad de Metal Huasi y la falta de controles estatales. Además, recordó que más del 80% de la población infantil evaluada en su momento presentó niveles neurotóxicos de plomo en sangre.
El bloque de izquierda presentó un pedido de informes y reclamó la creación de una comisión investigadora independiente, integrada por especialistas y representantes de la comunidad afectada.
Entre los puntos planteados, solicitó información sobre los monitoreos de plumbemia y los análisis de plomo en sangre realizados durante los últimos cinco años, con especial atención a la población infantil. También pidió conocer los niveles de intoxicación detectados y las prestaciones médicas que brinda el sistema público.
El requerimiento incluye datos sobre tratamientos de quelación, asistencia neurológica, contención psicológica y programas de salud destinados a las personas afectadas.
Además, exige un informe técnico de la Secretaría de Calidad Ambiental sobre el estado actual del predio de la exfundidora y de las zonas urbanas periféricas donde fueron depositados residuos de escoria. El objetivo es determinar si todavía existen concentraciones de plomo superiores a los límites máximos permitidos.
Por último, el proyecto solicita un detalle anual de los recursos ejecutados y previstos para la remediación ambiental, desde el ordenamiento de las tareas hasta la finalización de la planificación.
La sentencia judicial representa un reconocimiento de la responsabilidad municipal, pero para los 457 damnificados la reparación todavía está lejos de concretarse. Después de dos décadas, la comunidad de Abra Pampa sigue esperando respuestas: indemnizaciones, atención médica y garantías de que el suelo que habita ya no representa un peligro para su salud.



