16/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Partido Justicialista Salta. Imagen: Redes Sociales.
La crisis dentro del peronismo salteño sumó un nuevo capítulo que ya genera repercusiones tanto en la provincia como a nivel nacional. La decisión de la jueza federal María Servini de intervenir el PJ de Salta y designar a José Luis Napoleón Gambetta como responsable del proceso abrió una fuerte disputa política, pero el verdadero impacto llegó después, cuando comenzaron a conocerse detalles sobre el origen de la denuncia que impulsó la medida judicial.
Según documentación partidaria, la presentación que dio inicio a la causa habría sido realizada por Esteban Amat Lacroix, quien no aparecería registrado como afiliado al Partido Justicialista. La información provocó sorpresa y malestar en distintos sectores del justicialismo, donde rápidamente comenzaron los cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de toda la intervención.
El tema tomó mayor dimensión luego de un informe firmado por Pablo Kosiner y María Inés Cannuni, enviado el pasado 8 de mayo. En ese documento señalaron que, tras consultar el padrón partidario y el Registro Nacional de Afiliados del Poder Judicial, no encontraron constancia de afiliación de Amat Lacroix dentro del PJ.
La situación generó una fuerte discusión interna porque, de acuerdo con la legislación vigente sobre partidos políticos, solo los afiliados tienen facultades para impugnar decisiones o reclamar sobre cuestiones institucionales dentro de una fuerza política. Por ese motivo, algunos dirigentes comenzaron a advertir que, si el denunciante no pertenecía formalmente al partido, la causa podría quedar seriamente cuestionada.
La controversia aumentó todavía más luego de que el fallo judicial indicara que Amat Lacroix actuaba como una “autoridad desplazada” del PJ salteño. Sin embargo, esa interpretación no logró calmar la tensión dentro del partido, donde varios sectores empezaron a plantear dudas sobre cómo una persona sin afiliación acreditada podía ser considerada autoridad partidaria.
En el ámbito del PJ nacional ya hay dirigentes que consideran que el expediente presenta irregularidades desde el inicio, mientras otros sostienen que la intervención podría derivar en una disputa judicial y política aún más profunda. La resolución además apareció en un momento especialmente sensible, ya que el peronismo se preparaba para el Congreso partidario del 19 de mayo, instancia clave para intentar reorganizar la estructura interna del espacio.
En Salta, el escenario político se volvió cada vez más complejo. La intervención reactivó viejas diferencias dentro del justicialismo y alimentó sospechas sobre posibles intereses políticos detrás de la maniobra judicial. Referentes de distintos sectores aseguran que la difusión del informe generó un fuerte impacto porque pone bajo análisis la validez de todo el proceso que derivó en la intervención partidaria.
La situación también dejó expuesta la crisis interna que atraviesa el PJ salteño desde hace tiempo, marcada por divisiones, derrotas electorales y cuestionamientos sobre el rumbo político del espacio. El punto más crítico ocurrió en 2025, cuando el justicialismo provincial no presentó candidatos propios en las elecciones, algo que no ocurría desde el retorno de la democracia.
Hoy el partido aparece dividido entre quienes consideran que la intervención era necesaria para reorganizar el PJ y quienes sostienen que todo el proceso se construyó sobre bases irregulares. Mientras tanto, en los círculos políticos de Salta comenzó a repetirse una frase que resume el clima de sospecha que atraviesa al peronismo provincial: “Intervinieron el PJ a partir de una denuncia impulsada por alguien que ni siquiera figuraba dentro del padrón partidario”.
