03/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Malvinas. Imagen: Ilustrativa. Web.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el CECIM La Plata presentaron una demanda preventiva ante el Juzgado Federal de Río Grande para frenar el proyecto petrolero León Marino. La iniciativa anglo-israelí pretende operar sin autorización oficial en la plataforma continental argentina, a 220 kilómetros de las Islas Malvinas.
Una acción judicial de alto impacto ambiental y soberano busca paralizar las operaciones de las firmas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí) en el Atlántico Sur. La presentación fue encabezada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego, denunciando un intento de «usurpación colonial» sobre la plataforma continental nacional.
El reclamo apunta a suspender de manera preventiva el megaproyecto de extracción de hidrocarburos León Marino (Sea Lion), ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según expusieron los demandantes, las compañías avanzaron con obras logísticas en Puerto Argentino y proyectaron perforaciones para comienzos de 2027 y la primera extracción para 2028, todo esto sin contar con una Evaluación de Impacto Ambiental ni la autorización del Estado argentino, violando la Resolución 31/49 de la ONU.
Además de la afectación territorial, la presentación alerta sobre el impacto irreversible en las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur, zonas de alta biodiversidad donde conviven más de 300 especies de peces, ballenas francas australes, pingüinos y elefantes marinos. Las obras de infraestructura portuaria, el ruido submarino y el riesgo inminente de derrames petroleros amenazan con alterar la conexión ecológica que mantiene este sistema con el continente y la Antártida.
Cabe destacar que ambas corporaciones ya cuentan con antecedentes punitivos en el país: Rockhopper fue inhabilitada para operar en Argentina en 2012 por 20 años, mientras que Navitas recibió sanciones similares en 2022. Desde las organizaciones impulsoras remarcaron que notificarán la demanda a los bancos y fondos de inversión internacionales involucrados para advertirles sobre la absoluta ilegalidad y falta de seguridad jurídica de sus aportes financieros.
