11/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Roque Villegas y Nahuel Morandini. Imagen: Mariana Mamaní.
La fiscalía jujeña tendrá que volver a escribir lo que intentó convertir en escarmiento. El juez de Control Roberto Assef declaró inadmisible la acusación contra el docente universitario Nahuel Morandini y el serigrafista Roque Villegas, y frustró la maniobra del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de llevarlos a juicio oral. La causa –símbolo de la persecución digital en Jujuy– retrocede al momento previo a la acusación formal. Todo vuelve al principio.
La decisión se tomó en una audiencia a puertas cerradas el lunes en San Salvador de Jujuy. Así lo confirmó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que junto a Marcos Aldazábal integra la defensa de Morandini en el expediente que desde 2024 circula bajo el hashtag #PresosPorTuitear.
El caso tiene un origen tan desmesurado como revelador: Morandini y Villegas fueron detenidos el 4 de enero de 2024 por haber retuiteado un mensaje referido a la vida privada del entonces gobernador Gerardo Morales. La denuncia fue presentada por su esposa, Tulia Snopek. La fiscalía los acusó de “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género” contra Snopek y del insólito delito de “tornar incierta la identidad de una menor de dos años”, en alusión a la hija del matrimonio.
La acusación inicial fue firmada por el entonces fiscal Walter Rondón a principios de 2024. En la audiencia del 9 de febrero, el fiscal Diego Funes la sostuvo sin modificaciones sustanciales. Pretendían que el expediente avanzara hacia el juicio oral. El juez Assef dijo no.
Según explicó Gómez Alcorta, el mensaje del magistrado fue claro: la pieza acusatoria estaba mal construida. “No queda claro cuáles son los hechos”, sostuvo la abogada. El juez marcó defectos estructurales en la formulación y dejó en evidencia que la fiscalía pretendía enviar a juicio a dos personas con una acusación jurídicamente endeble. Si el MPA quiere continuar, deberá presentar una nueva acusación desde cero.
Pero Assef no fue hasta el final. Dejó en suspenso el tratamiento del pedido de nulidad total del proceso que planteó la defensa de Morandini, impugnando incluso el origen mismo de la causa. Y además, a pedido del fiscal y de las querellas, extendió las medidas cautelares que pesan sobre Morandini y Villegas: prohibición de acercamiento y de realizar publicaciones. Dos años bajo restricciones sin que se haya probado que hayan intentado molestar a las denunciantes.
Morandini calificó la resolución como “bochornosa”. “Hemos presentado pruebas suficientes”, afirmó. Y fue más allá: sostuvo que el juez podría haber cerrado definitivamente el expediente por la existencia de espionaje ilegal en su contra.
La defensa aportó documentación que muestra que el 3 de enero de 2024, un día antes de la denuncia formal de Snopek, el fiscal Rondón ya había ordenado tareas de inteligencia digital. Hay un documento con firma digital fechado ese día. El 4 de enero, Morandini fue detenido en las afueras de San Salvador; Villegas, en la vía pública.
El expediente revela que el área informática del MPA había relevado todas las redes sociales –Facebook, X, TikTok, Instagram– en busca de menciones al rumor que circulaba sobre la supuesta infidelidad del entonces gobernador. Se rastrearon publicaciones, domicilios, identidades. Todo antes de que existiera denuncia formal. Una pesca de arrastre digital.
Gómez Alcorta lo definió sin eufemismos: “Una caza de brujas en redes sociales indiscriminada”. Y recordó el contexto: una década de persecución judicial en Jujuy, con el caso de Milagro Sala y otros dirigentes de la Tupac Amaru como antecedente.
Morandini fue detenido durante 53 días, al igual que Villegas. Entre el 4 de enero y el 26 de febrero de 2024 estuvieron presos. También fue imputada la arquitecta jujeña Lucía González a fines de enero de ese año.
La pregunta que atraviesa el expediente es tan sencilla como inquietante: ¿repostear es un delito?
Villegas sostiene que jamás inventó el contenido que se viralizó. “Ya circulaba desde septiembre de 2023”, recordó. En la audiencia, según relató, ni la fiscalía ni las querellas –entre ellas el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el propio Morales en representación de su hija– lograron demostrar que él o Morandini hubieran organizado una operación digital para dañar a la familia del exgobernador.
“Quedó demostrado que fue el ex fiscal Rondón quien armó todo esto”, afirmó Villegas. Y el costo no fue simbólico: perdió trabajo, vendió máquinas para pagar deudas, soportó cárcel y estigmatización pública. “Si nuestro caso no salía de Jujuy, quedábamos presos por 8 años”, aseguró.
La causa vuelve al principio. Pero el daño ya está hecho. Dos años de proceso, detenciones, restricciones y un aparato estatal movilizado por un retuit. La fiscalía tendrá que rehacer la acusación. La pregunta es si también alguien revisará el uso del poder punitivo para disciplinar desde el banquillo a quienes amplifican un rumor incómodo para el poder político.
En Jujuy, por ahora, la libertad de expresión sigue en veremos. Y la Justicia, otra vez, decide que el expediente continúe respirando, aunque sea con respirador artificial.
