09/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Spagnuolo es procesado, pero la justicia aún no avanza más arriba en el escalafón de mando de la línea de corrupción. Imagen: Web.
El caso que sacude a la administración nacional desde mediados de 2025 dio un salto judicial de alto impacto: el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado junto a otros 18 imputados por presunta asociación ilícita, coimas, fraude al Estado y negociaciones incompatibles, en el marco de una causa que se abrió tras la filtración de audios escandalosos y múltiples allanamientos que pusieron bajo la lupa a funcionarios y empresarios vinculados con la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga posibles maniobras de corrupción en la ANDIS, derivadas de audios en los que se alude a pagos de retornos de hasta un 3% por parte de droguerías contratistas del organismo para favorecer operaciones de compra de medicamentos y otros insumos.
El escándalo, que arrancó con la difusión pública de esas grabaciones —donde presuntamente se mencionaba la existencia de coimas sistemáticas y un esquema de retornos que alcanzaría incluso a “la Casa Rosada”— terminó por activar una serie de procedimientos judiciales, la incautación de teléfonos celulares, documentación contable y grandes sumas de dinero en efectivo halladas en allanamientos realizados en sede de ANDIS, domicilios particulares y espacios vinculados a los imputados.
Spagnuolo, abogado que supo ser cercano al presidente Javier Milei, fue señalado por la Justicia como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita, junto a ex funcionarios de la ANDIS y empresarios del sector farmacéutico. La investigación apunta a que se habrían articulado retornos a cambio de contratos y sobreprecios en la adquisición de medicamentos, afectando fondos públicos destinados a una de las poblaciones más vulnerables: las personas con discapacidad.
No es la primera vez que este expediente convulsiona el escenario político: en los últimos meses la causa sumó declaraciones, renuncias de abogados defensores y múltiples allanamientos en domicilios particulares de los involucrados, en un clima de controversia constante por la profundidad de las pruebas y la posible participación de sectores del poder.
Además del procesamiento, la Justicia rechazó un pedido de Spagnuolo para recuperar dinero incautado de su caja de seguridad —unos 80 mil dólares y 2 mil euros— que él alegaba haber poseído antes de asumir en el organismo, lo que profundiza las dudas sobre el origen de esos fondos y su relación con la causa.
El caso ANDIS no solo expone una trama de presuntas coimas y maniobras irregulares, sino que también pone contra las cuerdas al propio oficialismo, que ahora enfrenta el desafío de explicar no solo irregularidades administrativas sino potenciales delitos federales que involucran a exfuncionarios y contratistas del Estado.
Mientras la causa avanza —con medidas judiciales que parecen apenas rozar la punta de un entramado más profundo— el escándalo de las coimas en ANDIS sigue rezumando polémica pública, polarización política y presión sobre el Gobierno nacional, que deberá responder no solo ante los tribunales sino también ante una opinión pública cada vez más atenta a las implicancias de este expediente.
