11/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Delfina «Fini» Lanusse y Hernán Boveri están acusados de la administración fraudulenta de medicamentos. Imagen: Web.
El quirófano como depósito clandestino y la anestesia como mercancía para la noche. La causa por el robo de drogas en el Hospital Italiano sumó a sus primeros imputados y dejó al descubierto un circuito que, según la investigación, corría por fuera de cualquier control sanitario. El anestesista Hernán Boveri y la residente de tercer año Delfina Lanusse quedaron formalmente acusados por la administración fraudulenta de medicamentos en el marco del escándalo conocido como “propofest”.
La imputación apunta al uso de drogas anestésicas robadas del hospital —principalmente propofol y fentanilo— que habrían sido utilizadas en encuentros privados bajo la denominación de “viajes controlados”. Ambos trabajaban en el Italiano hasta que el caso salió a la luz: Boveri renunció y Lanusse fue desafectada luego de detectarse la sustracción de los fármacos.
El expediente, que por ahora avanza de manera independiente, se cruza inevitablemente con otro hecho que sacudió al ámbito médico: la muerte de Alejandro Zalazar, profesional del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez. Zalazar fue encontrado sin vida el 20 de febrero en su departamento de la calle Juncal al 3600, con signos de sobredosis. Junto a su cuerpo, las pericias hallaron anestésicos y elementos provenientes de distintos hospitales. Entre ellos, ampollas que, según se determinó, pertenecían al Italiano.
La secuencia no pasa desapercibida: el hospital denunció el faltante de drogas tres días después del hallazgo del cuerpo. Y hay otro dato que sobresale en el expediente: el mismo día en que el Italiano formalizó la denuncia por el robo de medicación, el hospital de niños publicó un mensaje en redes sociales para despedir a Zalazar.
El caso quedó en manos del juzgado a cargo de Martín Sánchez Sarmiento, que además de las imputaciones dictó un embargo de 100 millones de pesos para cada uno de los acusados. También les prohibió mantener contacto entre sí y salir del país, aunque ambos continuarán el proceso en libertad.
Las declaraciones ya están incorporadas al expediente. Lanusse se presentó el 18 de marzo y Boveri el 25. Los dos negaron los hechos y anticiparon que presentarán escritos con sus descargos. La investigación, sin embargo, sigue avanzando sobre un circuito más amplio.
En el centro de la escena aparece la organización de encuentros donde se utilizaban las drogas sustraídas. La Justicia intenta determinar quiénes integraban ese círculo, qué roles cumplía cada participante y si existía algún tipo de comercialización detrás de los llamados “viajes controlados”. Un audio que se viralizó —aunque no forma parte formal del expediente— permitió reconstruir parte de ese funcionamiento y describir la dinámica interna de esas reuniones.
Ese material expuso la existencia de roles definidos entre los asistentes y dejó abierta una pregunta clave: si el uso de las drogas era exclusivamente recreativo dentro de un grupo cerrado o si detrás del mecanismo existía un esquema más amplio que incluía cobros por esos servicios. La respuesta a esa incógnita es ahora uno de los ejes de la investigación judicial.
