07/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La CGT desafía al Gobierno, movilización frente al Congreso contra la reforma laboral en medio de fracturas internas y presión política.
La Confederación General del Trabajo (CGT), histórica columna vertebral del movimiento obrero argentino, decidió poner el cuerpo frente al Senado de la Nación en un gesto que supera la mera protesta sindical: el próximo miércoles 11 de febrero, cuando la Cámara alta someterá a tratamiento la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la central obrera concentrará fuerzas en la Plaza del Congreso para intentar torcer el rumbo de un proyecto que, en los hechos, ataca derechos conquistados durante décadas. La decisión, anunciada ayer por los triunviros cegetistas, se tomó tras un prolongado debate que expuso las profundas diferencias entre los sectores dialoguistas de la conducción y las alas combativas que reclamaban medidas de fuerza más contundentes.
En el seno de Azopardo 802 —sede de la CGT—, la definición de movilizarse sin convocar a un paro general unificado dejó al descubierto una central partida entre quienes prefieren conservar canales de negociación política con el oficialismo y quienes sostenían que sin una huelga de gran impacto no se puede frenar un proyecto que consideran regresivo. Este choque de visiones no es menor: revela la tensión permanente entre la práctica de diálogo con gobiernos y la exigencia de una respuesta de lucha más firme frente a una reforma que busca reducción de costos laborales, extensión de la jornada y debilitamiento de derechos colectivos.
El triunviro Jorge Sola fue explícito en la conferencia de prensa en la que confirmó la movilización: la CGT “llevará una protesta multitudinaria y contundente” al Congreso, pero descartó —al menos por ahora— un paro general como el que habían reclamado varios de los gremios más combativos de la central. Para la conducción mayoritaria, la protesta callejera debe conjugarse con gestos políticos y no cerrar por completo los canales de diálogo con sectores parlamentarios y gobernadores que, según sostienen, podrían jugar un rol decisivo en la modificación del proyecto oficialista.
La central sindical acusa al Ejecutivo de atacar y cercenar derechos laborales y colectivos de los trabajadores, una formulación que los dirige no solo al proyecto en sí, sino al modo en que se ha venido construyendo su discusión en el Congreso. Para sectores de la CGT, no se trata de un “ajuste técnico”, sino de una ofensiva estructural contra las protecciones mínimas del trabajo registrado que, desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974, constituyen baluartes de la legislación laboral argentina.
El plan de acción sindical no surgió de la nada: fue precedido por semanas de tensiones y roces con gobiernos provinciales de signos políticos diversos, así como con legisladores que, según dirigentes cegetistas, han intercambiado posiciones con la Casa Rosada en torno a modificaciones al texto. Aunque en enero pasado sectores afines habían impulsado un nuevo espacio gremial contra la reforma con movilizaciones coordinadas entre CGT y CTA, la propia conducción cegetista terminó optando por una estrategia menos rupturista y más centrada en sumar adhesiones sin comprometer un paro general inmediato.
Si bien la movilización fue definida en un momento de debate interno, la ausencia de un paro de actividades evidencia el dilema que enfrenta la central: cómo equilibrar la presión en la calle con la necesidad de preservar canales institucionales en un escenario donde el oficialismo busca avanzar con su propuesta laboral, que según sus defensores moderniza el mercado pero, para sus críticos, precariza el trabajo y reduce conquistas históricas.
La disputa en torno a la reforma laboral no es una pulseada gremial aislada sino un síntoma de la polarización política que atraviesa al país. El Gobierno sostiene que las modificaciones favorecerán la formalización del empleo y la competitividad de las pymes, pero sindicatos, organizaciones sociales y amplios sectores de la población ven en el proyecto una amenaza a las condiciones mínimas de trabajo y un ataque al modelo de relaciones laborales construido a lo largo de décadas. La movilización del 11 de febrero, con la Plaza del Congreso como epicentro, promete convertirse en la expresión más visible de ese conflicto.
