15/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei no solo introduce cambios profundos en el mundo del trabajo: también redefine, en silencio, el esquema tributario que rige para las empresas más grandes del país. En particular, el proyecto propone una reducción sustancial del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades de mayor facturación, una decisión que tendrá un fuerte impacto en la recaudación nacional y, sobre todo, en las arcas provinciales.
Según un estudio elaborado por el economista y diputado Guillermo Michel, apenas 144 empresas —las de mayor volumen de negocios del país— dejarán de tributar alrededor de 1,75 billones de pesos en 2026 como consecuencia directa de los cambios incluidos en el artículo 191 del proyecto. Se trata de compañías con facturación anual superior a los 15.000 millones de pesos, que concentran una porción decisiva de los ingresos fiscales.
La iniciativa oficial modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias para los tramos más altos de rentabilidad. Hoy, las sociedades con ganancias superiores a los 100 millones de pesos tributan bajo un esquema progresivo que alcanza el 35% para los márgenes más elevados. La reforma reduce esas tasas: el tramo del 30% baja al 27%, y el del 35% cae al 31,5%.
El costo fiscal de esta decisión se estima en unos 3,1 billones de pesos, equivalentes a 0,3 puntos del Producto Bruto Interno. Sin embargo, el dato central no es solo el monto, sino su concentración: el beneficio impositivo se acumula en un grupo extremadamente reducido de empresas, que ya explican la mayor parte de la recaudación del tributo.
Datos oficiales de ARCA (ex AFIP) muestran que de las más de 160.000 sociedades alcanzadas por Ganancias, apenas el 1,1% aporta más de tres cuartas partes de lo recaudado. Y dentro de ese universo, solo el 0,1% —144 firmas— concentra el 56% del total. En términos prácticos, la reforma redistribuye recursos desde el Estado hacia un núcleo muy acotado de grandes corporaciones.
El impacto no se limita al Tesoro nacional. Dado que el impuesto a las Ganancias es coparticipable, las provincias absorberán una parte sustancial de la pérdida. De los 3,1 billones que dejarían de recaudarse, alrededor de 1,7 billones corresponderían a fondos provinciales. Traducido a la gestión cotidiana, significa unos 144 mil millones de pesos menos por mes para los presupuestos locales durante 2026.
El Gobierno no precisó cómo se compensará esa merma de ingresos, ni a nivel nacional ni provincial. La situación genera preocupación entre los gobernadores, especialmente en distritos que dependen fuertemente de la coparticipación para sostener servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y asistencia social.
La paradoja es evidente: mientras el Ejecutivo endurece su discurso contra los déficits provinciales y promueve sanciones para las administraciones que no equilibren sus cuentas, impulsa una reforma que recorta de manera significativa una de las principales fuentes de financiamiento de esas mismas provincias.
Más allá del argumento oficial —que asocia la baja de impuestos con mayor inversión y competitividad—, el efecto inmediato de la medida es una mayor concentración de los beneficios fiscales y un nuevo estrés sobre las finanzas públicas subnacionales. En ese contexto, la reforma laboral deja de ser solo una discusión sobre empleo y relaciones de trabajo, para convertirse en un reordenamiento profundo —y polémico— del mapa fiscal argentino.
