08/01/2026.- Salta al Instante. Foto portada: Trabajadores. Imagen: Web.
La llamada “reforma laboral” que impulsa el gobierno no es moderna, no es novedosa y mucho menos progresista. Es, lisa y llanamente, un retroceso brutal para los trabajadores. Un refrito de viejas recetas ya fracasadas que vuelven a ponerse sobre la mesa con un único objetivo: mejorar la rentabilidad empresaria a costa de recortar derechos laborales.
Detrás del discurso marketinero de la “modernización”, el proyecto no esconde nada. No hay un solo artículo que apunte a blanquear trabajadores informales, ni una sola línea que mejore la situación de quienes trabajan en plataformas digitales, hoy condenados a la precarización absoluta. Los grandes problemas del mercado laboral argentino ni siquiera aparecen.
Crisis primero, reforma después
La reforma llega, además, sobre un terreno arrasado. Cierres de empresas, despidos y suspensiones se multiplican en todo el país, como lo muestra el mapa federal de conflictos laborales: plantas paralizadas, familias en la calle y salarios que ya no alcanzan. Todo esto ocurre después de que el propio gobierno ya aplicara una reforma laboral vía Ley Bases, con resultados catastróficos: más precarización, menos empleo registrado y cero creación de trabajo de calidad.
Informalidad récord y soluciones ausentes
El INDEC fue claro: en el segundo trimestre de 2025 la informalidad laboral alcanzó el 43,2%. Casi la mitad de los trabajadores están fuera del sistema. La reforma que propone el oficialismo no corrige nada de esto. No crea empleo, no formaliza, no protege. Solo abarata el despido y debilita al trabajador.
El verdadero objetivo: sindicatos más débiles
Donde sí avanza la motosierra es en los derechos sindicales. El proyecto que se debatirá desde febrero en el Senado limita el derecho a huelga, pone techos a las paritarias y vacia de contenido la negociación colectiva. Es un ataque frontal a uno de los pocos instrumentos que históricamente equilibraron la desigualdad de poder entre empresarios y trabajadores.
Al permitir que los convenios se negocien por empresa o por región, el gobierno rompe la fuerza colectiva y deja al trabajador solo frente al empleador, en un mercado laboral profundamente desigual. No es casual. Es el corazón del plan.
Más “servicios esenciales”, menos derecho a protestar
La ampliación arbitraria de las actividades consideradas “esenciales” es otro golpe directo al derecho de huelga. La OIT recomienda diálogo social y servicios mínimos para garantizar derechos sin anular la protesta. Acá no hay diálogo ni equilibrio: hay prohibición y disciplinamiento.
Derechos que desaparecen
El proyecto también elimina estatutos y leyes especiales que protegen a sectores específicos. Chau derecho a la desconexión en el teletrabajo. Chau protección frente a abusos. Chau equilibrio entre vida laboral y personal. ¿Eso es modernizar? No. Es volver décadas atrás.
Un modelo que cierra… para pocos
La ecuación es perfecta para el gobierno: menos derechos, sindicatos debilitados, negociación colectiva anulada y trabajadores más vulnerables. Lo que no aparece es un plan para el empleo joven, la capacitación permanente, la formalización laboral o incentivos reales para que las PyMEs contraten.
No se rechaza discutir una reforma laboral. Se rechaza esta reforma, que no busca mejorar el trabajo sino precarizarlo, que no genera empleo sino miedo, y que no moderniza nada: ajusta siempre sobre los mismos.
Sin crecimiento económico, sin industria nacional fuerte y sin empleo de calidad, no hay mercado laboral que funcione. Todo lo demás es relato. Y esta reforma, lejos de ser una solución, es parte del problema.
