26/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Pullaro y Llaryora en Cosquín. Imagen: Gentileza.
La Casa Rosada puso en marcha un cerrojo político sin precedentes para imponer la reforma laboral de Javier Milei, una iniciativa que busca reconfigurar el mercado de trabajo a favor de los empleadores y que ahora se coló como eje central de las sesiones extraordinarias que arrancan en febrero en el Congreso. El mensaje es claro: la ley debe aprobarse cueste lo que cueste, aunque eso implique tensar al máximo las alianzas legislativas y desatar un conflicto político de alto voltaje.
La polémica ley — calificadas por críticos como un ataque directo a los derechos laborales históricos — fue incluida en la agenda oficialista junto a otros proyectos prioritarios, con el aval explícito del Ejecutivo para que se trate entre el 2 y el 27 de febrero en sesiones extraordinarias. El oficialismo, liderado en la Cámara alta por Patricia Bullrich como jefa de la comisión de Trabajo, busca acelerar el calendario con fechas tentativas para el debate y la votación entre el 10 y el 12 de febrero, blindando así la iniciativa frente a resistencias sindicales y políticas.
La estrategia del Gobierno pasó de negociaciones de pasillo a una mesa política activa donde Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem y otros dirigentes del oficialismo buscan cerrar apoyos a cualquier precio para llevar el proyecto al recinto. El mensaje desde Casa Rosada es inequívoco: la reforma no se negocia, se impone.
Desde la primera presentación del texto, la reforma generó rechazo de organizaciones gremiales, centrales obreras y sectores de la oposición que denuncian que implica precarización, mayor facilidad de despidos y debilitamiento de derechos colectivos. El propio debate interno en las comisiones promete ser extenso y polarizado, con más de cien solicitudes de oradores anticipados, un indicador temprano de la fuerte resistencia y confrontación que se espera en el recinto.
Lejos de ser una discusión técnica, la ofensiva por la reforma laboral representa un choque frontal entre un Ejecutivo decidido a reescribir las reglas del mercado de trabajo y un poderoso sector social que ve en estas medidas un retroceso histórico de derechos conquistados. La presión es máxima, las tensiones son enormes y la señal del Gobierno es nítida: la reforma debe morir en el Congreso con un sí, incluso si eso fractura alianzas y desata conflictos sociales y políticos de envergadura.
