18/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Web.
La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei ya no se presenta como la panacea de “creación de empleo formal” que pregona el oficialismo: un informe riguroso muestra que el costo oculto de esta transformación normativa golpearía de lleno a las cuentas públicas y a los trabajadores, con impactos que el Gobierno prefiere disimular, mientras la oposición, los sindicatos y analistas económicos denuncian consecuencias profundas para el sistema de seguridad social y el mercado laboral argentino.
Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que el texto de la reforma aprobado por el Senado de la Nación implicaría un “costo fiscal directo inicial anual” de 0,47 puntos del Producto Bruto Interno (PIB) para las arcas públicas, cifra que equivale a perder recursos que antes se destinaban al financiamiento de la seguridad social y otros gastos esenciales. Aunque el Gobierno redujo ese impacto respecto de la versión original —que alcanzaba cerca de 0,89 puntos del PIB— la pérdida sigue siendo significativa en un proyecto que, paradójicamente, se vendió como una herramienta de “equilibrio fiscal”.
Lejos del relato oficial, el ajuste fiscal que trae la reforma no solo presiona las cuentas del Estado: genera un impacto regresivo en trabajadores, jubilados y sectores más vulnerables. El recorte de aportes patronales y la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) reconfiguran la estructura de financiamiento de la seguridad social, debilitando la sustentabilidad de las jubilaciones y de las prestaciones por desempleo en un país donde la informalidad laboral ya afecta a más de cuatro de cada diez trabajadores.
En la propia letra chica del proyecto —detallada por medios nacionales— se advierte que los recortes no se limitan a los aportes: la reforma introduce cambios que pueden recortar sueldos por enfermedad, penalizar a los trabajadores por actividades fuera del horario laboral y reducir derechos laborales básicos, algo que sindicatos y especialistas califican de retroceso brutal en conquistas históricas.
La reforma también motiva un clima de conflicto social creciente: frente al avance de esta ley, la CGT y otras centrales sindicales ya confirmaron un paro general y movilizaciones, mientras que gremios duros de la CTA ratificaron la jornada de lucha contra un proyecto que consideran un ataque directo al mundo del trabajo.
El impacto económico y social de la reforma no se agota en el cálculo fiscal. Según datos oficiales, la informalidad laboral en Argentina supera el 43%, lo que implica que millones de trabajadores quedarían aún más expuestos a relaciones de trabajo sin protección social, reclamando a gritos políticas que promuevan estabilidad y derechos, no precarización y desprotección.
Mientras el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma en la Cámara de Diputados, y desde sectores del poder económico se celebra la reducción de cargas patronales para nuevas contrataciones, el verdadero costo oculto se traduce en un empujón fiscal hacia los trabajadores y la seguridad social, en un momento en que millones de argentinos ya batallan para llegar a fin de mes y sostener su empleo.
La batalla política y social se intensifica: la ley que Milei promete como modernizadora se debate en medio de paro general, rechazo gremial y alertas sobre derechos laborales, dejando al descubierto que el costo real de la reforma no está en los discursos oficiales, sino en la vida cotidiana de quienes aportan y trabajan en Argentina.
