05/01/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Los triunviros Cristian Jerónimo, Octavio Arguello y Jorge Sola el día de la marcha contra la reforma laboral. Imagen:
La reforma laboral de Javier Milei avanza como una topadora y la CGT lo sabe. Después de la aprobación del Presupuesto, en la central obrera cayó la ficha: el Gobierno puede tener los votos. Y cuando eso pasa, la épica se mezcla con el pragmatismo. Gritos en la calle, sonrisas en los despachos. Amenaza de paro general de un lado, negociaciones silenciosas con Casa Rosada del otro. Doble discurso, doble ventanilla.
El temor sindical quedó expuesto tras la votación del Presupuesto en el Senado. 46 votos le alcanzaron al oficialismo para demostrar que, con chequera, presión y rosca con los gobernadores, las leyes salen. Para la CGT fue una señal clara: si Milei pudo con el Presupuesto, también puede con la reforma laboral.
Ahí empezó el cambio de clima. El objetivo maximalista —voltear toda la ley— sigue en los discursos y los comunicados. Pero puertas adentro, muchos dirigentes ya aceptan lo inevitable: la pelea real es salvar lo que se pueda.
Amenaza afuera, negociación adentro
El triunvirato cegetista —Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola— decidió jugar fuerte en dos frentes. Hacia afuera, endurecimiento total: marchas, actos, discursos incendiarios y la siempre efectiva amenaza de un paro general. Hacia adentro, diálogo permanente con el Gobierno, especialmente con Santiago Caputo, el operador estrella del mileísmo.
La consigna es clara: hacer ruido para presionar, negociar para sobrevivir.
El corazón del conflicto no es ideológico, es material. La CGT defiende su caja. El proyecto oficial ataca de lleno el financiamiento sindical: trabas al cobro de cuotas solidarias, obstáculos a la retención automática de aportes y límites a la ultraactividad de los convenios. Todo lo que mantiene de pie al aparato gremial.
Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya cedieron en parte: sacaron el artículo que eliminaba de plano las cuotas solidarias. Pero fue un engaño a medias. Sturzenegger, en su rol de “policía malo”, dejó escondidas otras bombas en el articulado. Resultado: los gremios deberán renegociar año a año las cuotas y enfrentar demoras en la recaudación. Asfixia lenta, pero segura.
Derecho de huelga, bajo ataque
Otro punto explosivo es la ampliación de las “actividades esenciales”. Traducción: menos huelga, más servicios obligatorios. La reforma fija pisos altísimos: 75% de servicios mínimos en actividades esenciales —incluida la docencia— y 50% en las llamadas “actividades trascendentales”, una categoría tan amplia que roza lo absurdo. El derecho a huelga queda reducido a una mueca.
Y hay una línea roja que la CGT no está dispuesta a cruzar: los convenios por empresa por encima de los de actividad. Para el sindicalismo argentino, eso es dinamitar su estructura histórica. En el Gobierno lo saben y ahí se juega una interna feroz. Santiago Caputo empuja el diálogo; Karina Milei, más dura, tensa la cuerda. La pregunta es quién manda de verdad.
La pelea se define en las provincias
Con el Senado como escenario final el 10 de febrero, la CGT salió a buscar a los verdaderos árbitros: los gobernadores. La central obrera lleva más de un mes de lobby intenso, discreto, casi desesperado. Reuniones formales para la foto y charlas a puertas cerradas para lo importante.
Hablan con todos: peronistas, radicales, ex macristas. Algunos, como Martín Llaryora, les clavan una pregunta incómoda: “¿Cuál es su propuesta o solo vienen a oponerse?”. Otros escuchan en silencio y toman nota.
La apuesta es sumar a los gobernadores peronistas que ya ayudaron al Gobierno con el Presupuesto: Sáenz, Jalil, Jaldo, y también a los aliados periféricos del mileísmo como Passalacqua o Vidal. La CGT cree que la reforma laboral “no tiene el mismo costo político” que el Presupuesto y que no todos van a querer poner la cara cuando llegue la votación.
Interna sindical y final abierto
La CGT también está partida. El ala dura —kirchnerista y combativa— empuja al paro general y rechaza cualquier negociación. Otros apuestan a la “reducción de daños”. Saben que Milei avanza y prefieren no quedarse sin nada.
Mientras tanto, el Gobierno afila el lápiz, cuenta votos y juega con la necesidad fiscal de las provincias. La reforma laboral ya no es una hipótesis: es una cuenta regresiva.
La pregunta no es si Milei lo va a intentar.
La pregunta es cuántos gobernadores estarán dispuestos a bancarlo cuando llegue la hora de levantar la mano.
