09/02/2026.- Salta al Instante.- Por Jesús Castillo.- Foto portada: Congreso de la Nación, rodeado de policías. Imagen: Web.
El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional no es un simple ajuste normativo del régimen de trabajo: se perfila como un paquete de despojo fiscal con impacto directo sobre las cuentas provinciales, un giro regresivo que profundiza la transferencia de recursos hacia las grandes corporaciones y agudiza la asfixia financiera de los distritos del interior. Expertos y opositores advierten que, bajo la apariencia de “modernización” y “orden fiscal”, el paquete oculta una reforma tributaria encubierta que recorta la coparticipación y erosiona los ingresos provinciales.
El proyecto combina reducciones de contribuciones patronales, rebajas en el impuesto a las ganancias de las sociedades y la eliminación de tributos coparticipables, con un costo fiscal elevado y sin ninguna evidencia de estímulo real al empleo registrado. Lo que para el oficialismo sería un alivio para el mercado, para los análisis técnicos representa una transferencia masiva de recursos desde el Estado y las provincias hacia el capital concentrado.
Fuentes sindicales como la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) estiman que los cambios tributarios implicarían una pérdida anual en la recaudación equivalente al 1,3 % del PBI, parte de la cual se traduciría en menos recursos coparticipables para las provincias. Otros centros de estudio calculan que, únicamente por la reducción de Ganancias empresarias, las jurisdicciones podrían resignar más de $3,1 billones de pesos en ingresos, de los cuales una porción significativa —más de $1,7 billones— recaería sobre los distritos vía coparticipación.
El impacto fiscal resuena con crudeza en las finanzas territoriales: según datos a los que accedió este medio, las 24 jurisdicciones del país verían disminuir sus recursos en miles de millones de pesos, con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezando las pérdidas absolutas, pero con una afectación transversal que llega hasta provincias del norte y el sur.
Ese recorte se da en un contexto donde la caída de recursos coparticipables ya es una realidad: en los primeros meses de 2026 las transferencias automáticas nacionales hacia provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron una caída real significativa, con una reducción de la coparticipación que agrava aún más la situación fiscal de los distritos.
Lejos de ser una mera discusión técnica, el tratamiento de la reforma laboral desata tensiones políticas entre el Ejecutivo y los gobernadores, que exigen mecanismos de compensación o enmiendas al proyecto para evitar un colapso financiero en sus administraciones. A la vez, voces del sindicalismo y del movimiento obrero alzan alertas, calificando el paquete como un retroceso que no solo sacrifica derechos laborales sino que fortalece a los grandes capitales a costa del debilitamiento del Estado y de los territorios provinciales.
La disputa en el Senado no es, entonces, solo una pugna por el texto de una ley: es la expresión de una batalla más profunda por quién soporta el peso del ajuste y cómo se distribuyen los recursos en un país con crecientes desigualdades y economías regionales en crisis.
