19/02/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Argentina va a una huelga general en protesta contra la reforma laboral. Vista de la zona de la estación ferroviaria de Plaza Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, este jueves, durante una huelga general en contra de la reforma laboral en protesta contra el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y que debatirá el pleno de la Cámara de Diputados. Imagen: EFE/Juan Ignacio Roncoroni.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina quedó este jueves 19 de febrero de 2026 en el centro de una de las jornadas más tensas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. El oficialismo avanzó con la convocatoria a una sesión especial desde las 14 horas para debatir y buscar sancionar —con cambios menores— el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, mientras buena parte del movimiento obrero protagonizaba un paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al paquete de normas que consideran un retroceso histórico para la protección de los trabajadores.
La medida de fuerza, la cuarta de estas características desde la asunción de Milei, comenzó a las 0 horas de hoy y tuvo impacto inmediato en servicios clave: trenes, subtes, colectivos y vuelos quedaron interrumpidos o cancelados, bancos cerrados y la administración pública con acatamiento masivo de la huelga, según reportes sindicales y fuentes gremiales.
La CGT, con líderazgos internos cuestionados por sectores de la izquierda y de base por optar por un paro sin movilización, resolvió equilibrar la presión social con el gesto simbólico de detener al país para confrontar la propuesta oficialista. Desde el plenario sindical se argumentó que la reforma “debilita sindicatos y derechos laborales fundamentales”, en particular por cambios en la regulación del derecho de huelga, la jornada laboral, la indemnización por despido y otros puntos sensibles del derecho colectivo del trabajo.
En paralelo, el oficialismo cerró filas para garantizar el quórum necesario y abrir la discusión en el recinto. El proyecto ya había obtenido media sanción del Senado, y tras un plenario de comisiones se retiró uno de los artículos más cuestionados —el que proponía severas restricciones al pago de licencias médicas— para asegurar dictamen de mayoría. Bloques aliados como La Libertad Avanza, el PRO, UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal firmaron el pedido de sesión, dando al oficialismo la base operativa para abrir el debate formal en Diputados.
“La sesión de hoy se da en un contexto inédito: una huelga general que paraliza buena parte de la actividad nacional justo cuando se pone en juego una ley que redefine la relación entre capital y trabajo en Argentina”, señaló una fuente parlamentaria vinculada a la oposición, subrayando la magnitud del pulso político que se dirime en el Palacio Legislativo.
A nivel internacional, la jornada en Argentina fue seguida con atención. Agencias extranjeras destacaron que la reforma se debate en medio de un paro nacional que afectó transportes, servicios públicos y operaciones bancarias, y que la protesta sindical reflejaba un rechazo profundo a medidas que, según los gremios, “acentúan la precarización y socavan derechos conquistados”.
El contexto industrial, además, está marcado por otros conflictos recientes que tensan aún más el clima social: días antes de esta jornada de lucha, la histórica empresa de neumáticos FATE cerró su planta de San Fernando, dejando a 920 trabajadores sin empleo en medio de críticas por políticas económicas que, señalaron dirigentes sindicales, contribuyen a la crisis productiva.
El gobierno sostiene que la reforma laboral es una necesidad para “modernizar el mercado de trabajo”, fomentar la formalización y atraer inversiones, pero los sindicatos y amplios sectores del arco opositor la describen como un retroceso de derechos que profundiza la desigualdad y debilita a los asalariados frente al capital. La sesión de hoy en Diputados será, en consecuencia, una prueba de fuego para el oficialismo y un punto de inflexión en la confrontación entre el proyecto de ley y el movimiento obrero organizado.
