12/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Hidroeléctricas rematadas por Milei. Imagen: Web.
El gobierno de Javier Milei concretó una de las privatizaciones más sensibles de las últimas décadas. Cuatro represas estratégicas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— ya pasaron a manos privadas por más de USD 700 millones, en una operación que desprende al Estado del control del 15% de la energía que consume el país.
El Ejecutivo confirmó que los grupos económicos adjudicatarios ya abonaron el dinero y que asumirán la operación por 30 años, bajo un esquema transitorio que garantiza —según el Ministerio de Economía— la continuidad del servicio. En la práctica, el manejo de un recurso estratégico quedó en manos de tres conglomerados privados, con mínima intervención estatal.
Desde la cartera que conduce Luis Caputo, la venta fue celebrada como un “hito decisivo” para el sistema hidroeléctrico. Pero detrás del discurso oficial de “modernización” se esconde una realidad incómoda: represas construidas por el Estado en los años 70 fueron entregadas otra vez al capital privado, profundizando un modelo de desguace de activos públicos.
No es una novedad, pero sí una señal política clara. Tras haber sido privatizadas en los años 90, las centrales regresan ahora a manos privadas en una re-privatización exprés, alineada con el plan de Milei de vender patrimonio estratégico para hacer caja.
El Gobierno asegura que los nuevos dueños deberán invertir USD 400 millones en obras de actualización y seguridad, el llamado rebumping integral. Sin embargo, el control efectivo de esas inversiones y sus beneficios queda en duda, mientras el Estado resigna poder de decisión sobre tarifas, despacho y planificación energética a largo plazo.
Los ganadores del negocio
La operación dejó nombres propios:
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Edison Inversiones S.A.U. se quedó con Alicurá (USD 162 millones) y Cerros Colorados (USD 64 millones).
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BML Inversora S.A.U. y MSU Energy adquirieron El Chocón por USD 235 millones.
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Central Puerto S.A. compró Piedra del Águila por USD 245 millones.
Tres grupos concentraron el control de un sistema vital para el país.
Mientras el Gobierno habla de previsibilidad y reglas claras, el Estado se retira de un área estratégica y deja en manos privadas un recurso clave para la seguridad energética. El negocio ya está cerrado. La energía también.
