02/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: José García Hamilton . Imagen: Web.
La salida de José García Hamilton del Ministerio de Economía abrió una nueva grieta dentro del equipo de Luis «Toto» Caputo y dejó al descubierto las tensiones que genera el proyecto de Súper RIGI, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones millonarias.
Aunque oficialmente la renuncia fue atribuida a «razones personales», en los pasillos del Palacio de Hacienda la explicación genera más dudas que certezas. La fórmula utilizada para comunicar la salida repite un libreto ya conocido dentro del Gobierno: cada vez que un funcionario abandona un cargo estratégico, la versión oficial suele apelar a motivos privados, mientras detrás de escena aparecen diferencias políticas, económicas o de gestión.
Fuentes vinculadas al Ministerio de Economía aseguran que García Hamilton mantenía fuertes objeciones jurídicas al texto del Súper RIGI enviado al Congreso y que incluso se habría negado a firmar un dictamen clave que debía otorgarle respaldo legal a la iniciativa.
El punto de mayor conflicto estaría relacionado con el sistema de arbitraje internacional previsto en el proyecto. La propuesta establece que los eventuales conflictos entre el Estado y las empresas beneficiarias no podrán ser resueltos por árbitros argentinos ni por representantes del país de origen de los principales accionistas de las compañías involucradas. Además, habilita que las disputas sean llevadas a tribunales internacionales como el CIADI, la Corte Internacional de Arbitraje o la Cámara de Comercio Internacional.
Para los críticos de la iniciativa, esta cláusula implica una cesión inadmisible de facultades soberanas y coloca a la Argentina en una situación de vulnerabilidad frente a eventuales litigios multimillonarios. Desde distintos sectores de la oposición advierten que el proyecto otorga privilegios extraordinarios a grandes inversores extranjeros y limita la capacidad futura de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para modificar reglas que afecten esos beneficios.
La controversia no termina allí. El texto garantiza una estabilidad de hasta 30 años para los proyectos alcanzados por el régimen y establece la nulidad absoluta de cualquier norma nacional, provincial o municipal que pueda restringir o alterar las ventajas concedidas. Gobernadores de distintas provincias ya expresaron preocupación por el eventual impacto sobre las autonomías locales y la pérdida de herramientas regulatorias y de recaudación.
La salida de García Hamilton se suma a una serie de renuncias que golpearon áreas sensibles del Gobierno durante los últimos meses. En febrero dejó su cargo el entonces secretario de Finanzas, Alejandro Lew, también bajo el paraguas de supuestas «razones personales», aunque luego trascendieron diferencias con la estrategia financiera del Ejecutivo. Antes, en enero, había abandonado la Secretaría de Transporte Luis Pierrini, en medio de cuestionamientos vinculados a subsidios del sector.
Lejos de tratarse de un simple movimiento administrativo, la renuncia expone una discusión de fondo dentro del oficialismo: hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno para ofrecer garantías excepcionales a los grandes capitales internacionales y qué costo institucional está dispuesto a pagar para lograrlo.
Caputo ya designó como reemplazante a Juan Ignacio Stampalija, ex subprocurador del Tesoro y hombre cercano al sector político liderado por Santiago Caputo. Su llegada es interpretada como una señal de alineamiento total con el proyecto impulsado por la Casa Rosada y una muestra de que el Gobierno no piensa retroceder frente a las críticas.
Mientras el Congreso se prepara para debatir una de las iniciativas más controvertidas de la gestión Milei, la salida de un funcionario encargado precisamente de validar su legalidad agrega un nuevo elemento de tensión política y alimenta las sospechas sobre las verdaderas implicancias del denominado Súper RIGI.
