08/11/2025.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Web.
La abogada previsionalista Liliana Musa advirtió sobre el vacío legal que deja a miles de trabajadores sin empleo, sin ingresos y sin cobertura médica cuando ANSES les niega la renovación del retiro por invalidez. Reclama una reforma urgente para protegerlos.
La doctora Liliana Musa conversó con Mabel Corrales en el programa “Qué Parte No Entendiste???” sobre un tema que vuelve una y otra vez, pero pocas veces se enfrenta con decisión: el retiro por invalidez y la vulnerabilidad en la que quedan quienes enferman antes de llegar a la edad jubilatoria.
“Cuando un trabajador o trabajadora empieza a tener una discapacidad que le impide continuar en su puesto, la Comisión Médica exige un 66% de incapacidad para otorgar el retiro transitorio por invalidez”, explicó Musa. “Pero para cobrarlo, ANSES le pide que renuncie. Y si tres años después, al ser reevaluado, no alcanza nuevamente ese porcentaje, pierde el retiro y también su fuente laboral”.
El resultado, señala la abogada, es una situación de abandono total. Personas que padecieron cáncer, enfermedades psiquiátricas o dolencias crónicas quedan sin trabajo, sin obra social y sin posibilidad de volver a aportar. “Muchos quedan con un 40 o 50% de discapacidad. No pueden trabajar, pero tampoco son considerados inválidos por el sistema. Es una trampa legal que los deja afuera de todo”, advirtió.
Musa propone una reforma previsional que contemple licencias especiales sin goce de haberes, en lugar de exigir la renuncia inmediata. “Debe garantizarse la fuente laboral hasta que se determine si la incapacidad es definitiva. No puede ser que un trabajador que dio todo termine sin nada”, reclamó. Y destacó el trabajo de la doctora Nadia García, impulsora de proyectos que buscan visibilizar y reformar esta situación.
Otro punto crítico es el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que paradójicamente “sirve para todo, menos para ANSES”. “Es ilógico —dijo Musa— que un certificado válido en todo el país no tenga efectos previsionales. La ley de emergencia en discapacidad debería corregirlo”.
Durante la charla, Corrales señaló la “mala prensa” que el gobierno nacional instaló en torno a los beneficios previsionales, presentando a las personas con discapacidad como supuestos “aprovechadores del sistema”. Musa fue contundente: “Cumplir los tratados internacionales de derechos humanos no es una opción. Son políticas de Estado que deben respetarse, gobierne quien gobierne. Tratar a un trabajador enfermo como a un caballo agotado que debe seguir hasta morir es una crueldad”.
La especialista explicó también que el retiro transitorio por invalidez se calcula sobre los últimos 60 meses de aportes, lo que lo hace un poco más favorable que la jubilación ordinaria (basada en los últimos 120 meses). Pero ese detalle no compensa el fondo del problema: “Si después de tres años no se alcanza el 66%, el beneficio se deniega. La persona pierde su trabajo, su cobertura médica y la posibilidad de jubilarse. Queda en la nada”.
“Podemos cuidar los recursos, pero no podemos dejar de ser humanos —dijo Corrales—. Las normas tienen que proteger a las personas, no condenarlas a la miseria”.
La Dra. Musa atiende en Urquiza 905, donde recibe a diario consultas de quienes fueron empujados por la burocracia a una exclusión que no debería existir. “La invalidez no puede ser sinónimo de abandono —cerró—. El Estado debe estar donde más se lo necesita”.
